A buen seguro, Francisco Javier Otero García, exdirector de la oficina de La Caixa en A Pobra al que le imputan una supuesta estafa y un delito de falsedad documental, habrá pasado en los últimos días por el peor trago de su vida tras ser detenido y pasar toda la tarde del viernes declarando en el juzgado de Ribeira por las acciones iniciadas contra él por la entidad bancaria. Sin embargo, este no es el único proceso penal al que está ligado su nombre.
En su día, cuando se detuvo al pobrense Alejandro Dávila Ouviña, acusado de conseguir subvenciones millonarias en Cádiz para montar empresas que nunca llegaron a materializarse, Francisco Javier Otero ya tuvo que declarar como testigo después de que el cabecilla de la trama le vinculase a esas operaciones a través de unos certificados cuya autoría atribuyó al exdirector de La Caixa en A Pobra. El proceso por esta cuestión sigue abierto y las diligencias se instruyen desde Cádiz.
Este asunto dio pie a que Otero García, que sostiene que no es el responsable de los certificados que se le atribuyen, presentase a su vez ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira una querella por falsedad contra Dávila Ouviña que ha sido admitida a trámite, es decir, que existen indicios de delito y por lo tanto el proceso sigue su curso.
Así pues, son tres las causas penales en las que, de un modo u otro, está implicado el exdirector de la sucursal bancaria, un hecho que recalcó su abogado al insistir en que se trata de procesos diferentes e independientes, aunque reconoció la existencia de «interferencias» entre unos y otros.
Juicio aplazado
Por otro lado, queda también pendiente de resolver la denuncia presentada por Otero García en el juzgado de lo social contra La Caixa por su despido el año pasado. De hecho, estaba previsto que la vista por este asunto se celebrase el pasado 7 de febrero, pero el abogado de la entidad bancaria no se presentó, con lo que el juicio quedó aplazado a marzo.
Este hecho no hizo más que alimentar la teoría de la defensa de Francisco Javier Otero, que sostiene que la acusación por falsedad documental y posible estafa es una «maniobra» para justificar un despido «colgado en el alero».
Por su parte, La Caixa insiste en que se detectó una «falsa y engañosa comercialización de productos» que dio pie al despido y a las acusaciones.