Amén de la obligatoriedad de mandar los datos económicos, los ayuntamientos que tienen deudas con proveedores tienen que elaborar un plan de ajuste que, además de ser refrendado por el pleno, debe contar con el visto bueno del Gobierno central.
En ese proyecto de actuación, las Administraciones locales tienen que explicar qué medidas van a tomar para liquidar sus cuentas o, en el caso de acogerse al préstamo que ofrece el Estado, para satisfacer las cantidades que se impongan.
Si la Administración estatal considera que un Ayuntamiento no ofrece garantías suficientes para el pago de las deudas, directamente sacará el importe de lo que a ese concello le corresponde de su parte de los tributos del estado.
Condiciones
Aunque varios técnicos municipales indicaron que ellos no tienen ningún documento oficial sobre las condiciones en las que se realizará el préstamo, parece ser que será para pagar en diez años, con dos de carencia, y a un interés del 5%. Una entidad será la que haga de intermediaria entre el Estado y las Administraciones locales.
El plan de ajuste de los concellos debe presentarse antes del 31 de marzo. Por su parte, el Gobierno central tiene un plazo de un mes para analizar los documentos y dar a conocer la resolución.