El fiscal pide que se procese a Oreiro y a Marisol Piñeiro por prevaricación

BARBANZA
Ve indicios de delito en su actuación al contratar a una trabajadora en Carnota y solicita que se les exija una fianza de 10.000 euros a cada uno
10 may 2015 . Actualizado a las 05:10 h.Las cosas se les complican al exalcalde de Carnota y actual candidato del PP, José Oreiro y a la diputada autonómica y número tres de la lista Marisol Piñeiro con respecto al presunto caso de enchufismo por el que fueron denunciados. Esta causa la envió el juzgado de Muros al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dada la condición de aforada de la parlamentaria. Y el TSXG decidió hace meses que asumía el asunto. Ahora, es la Fiscalía de la Comunidade Autónoma de Galicia la que envía un informe a ese tribunal, con fecha del 24 de abril. Pide al TSXG que acuerde dictar auto de procesamiento -es decir, que se les juzgue tras la investigación llevada a cabo- contra Marisol Piñeiro, José Oreiro y también contra Carlos Bousoño, secretario municipal, por un delito de prevaricación.
El fiscal es muy claro a la hora de narrar lo que, a su juicio, ocurrió con la contratación de una trabajadora en el Concello de Carnota cuando Oreiro era alcalde y Marisol Piñeiro su mano derecha. Indica que «sin ninguna formalidad ni ajuste a la legalidad» se contrató a una mujer como administrativa para la alcaldía, que se le fue prorrogando la relación laboral y que finalmente se la hizo indefinida como técnica de urbanismo.
Instrucciones precisas
El fiscal dice que fue Marisol Piñeiro la que, como teniente de alcalde, propuso contratar a esta persona y firmó la resolución y el posterior contrato de trabajo. Señala también que el secretario municipal asesoró e intervino de modo directo y necesario en la constitución de la relación jurídica legal. Y del exregidor apunta lo siguiente: «El señor Oreiro no solo firma las sucesivas prórrogas del contrato y su transformación posterior en otro tipo de relación, sino que como alcalde que era en todo este período, dio instrucciones precisas a uno y a otro de los imputados a fin de que se llevase a cabo la contratación, en sus diversos momentos, de la funcionaria señalada».
Tras el relato, el fiscal indica que los hechos «son constitutivos de un delito de prevaricación» del que son autores tanto Piñeiro como Oreiro y que en el caso de Carlos Bousoño es cooperador necesario. Dada esta circunstancia, pide que se acuerde dictar el auto de procesamiento y que se adopten medidas cautelares contra ellos. En concreto, quiere que se le exijan 10.000 euros de fianza por cabeza tanto al candidato del PP como a Marisol Piñeiro y 6.000 en el caso del secretario municipal, y que si no aportan el dinero les sean embargados bienes.
El fiscal, cada vez que cita tanto a José Oreiro como a la parlamentaria carnotana, les llama imputados. De hecho, una y otra vez, insiste en que los tres, tanto los políticos como el técnico municipal, tienen esa condición en esta causa.
Ahora hay que esperar a ver qué opina el TSXG de la petición del fiscal. En el caso de que haga bueno su informe, distintos letrados precisaban ayer que el camino quedaría expedito para que estas tres personas fuesen juzgadas sin demasiada demora.
El TSXG cita a declarar al candidato popular para el día 19 de mayo
Solo unos días después de que el fiscal emitiese el informe sobre Marisol Piñeiro, José Oreiro y Carlos Bousoño, el TSXG también dio un nuevo paso con respecto a esta causa. Precisa el alto tribunal que, tras tener conocimiento de que el Ministerio Público pide que se procese al candidato popular, este debe declarar el día 19 de mayo a las 10.00 horas, «a fin de ser oído sobre los hechos objetos de la causa». Se le indica que debe estar asistido de letrado, algo que no sucede cuando uno acude simplemente como testigo. Marisol Piñeiro ya fue llamada a declarar por el TSXG poco después de que este tribunal decidiese que sí debía ser investigada.
Por tanto, y salvo sorpresa de última hora -la citación la dictó el TSXG el día 5 de mayo- a Oreiro le tocará declarar en vísperas electorales. En su día, el juzgado de Muros también imputó a la trabajadora cuyo contrato dio pie a este caso.