Algunos emplean dispositivos fuera del horario lectivo, pero no para prevenir el acoso escolar
07 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Ningún colegio o instituto de la comarca ha instalado -ni prevé hacerlo- cámaras de videovigilancia o sistemas de control similares en sus instalaciones con el fin de evitar situaciones violentas entre los estudiantes o para poder dilucidar si se han producido y sobre quién recae la culpabilidad. Los únicos ejemplos de centros que disponen de cámaras en su recinto se circunscriben a medidas de seguridad, y los dispositivos solo funcionan fuera del horario lectivo.
En el mes de abril del pasado año, la Consellería de Educación recogió en su protocolo de protección de datos -presentado por la Xunta de Galicia en el Consello Gallego de Convivencia- la posibilidad de que los centros educativos instalasen en algunas zonas, como el patio o comedores, cámaras de vigilancia destinadas a prevenir conflictos de acoso escolar.
No se trata de una normativa al uso -ya que el protocolo no legisla- sino de una recomendación que recoge un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, que permite la instalación con esa finalidad preventiva contra el bullying.
Las razones
Tras contactar con los diversos centros educativos de la comarca, podría establecerse una división en tres grupos, según los motivos que los han llevado a rechazar esa proposición. La primera, y mayoritaria, responde a la negativa de los colegios e institutos a adoptarla para velar por el derecho a la intimidad de toda la comunidad educativa.
En ese sentido, también influye la existencia de programas concretos contra el acoso escolar, como el que mantienen en el colegio rianxeiro Castelao y en el IES Félix de Muriel, Tutorías entre iguais, y que habilita mecanismos de mediación entre los propios alumnos de los centros.
La segunda de las razones se circunscribe al propio desconocimiento de esta posibilidad o su compatibilidad con la Ley de Protección de Datos, como es el caso de la dirección del colegio muradano Ramón de Artaza y Malvárez, que manifiesta sus dudas de que no se salvaguarde la intimidad de los jóvenes.
Demasiado caro
El tercer grupo lo forman aquellos centros en los que se ha barajado introducir este sistema, pero que fue descartado por el elevado coste que supone destinar una partida del presupuesto a financiarlo. Es necesario destacar que en los planteamientos de estos se incluía también para implementar una función de seguridad paralela a la prevención del acoso.
Siguiendo esta línea, desecharon la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia por su coste el muradano CEIP Ricardo Tobío o el IES Espiñeira de Boiro. Cabe recordar que los precios pueden llegar a superar los 2.000 euros, sin contar mantenimiento.
Varios centros educativos cuentan con cámaras de seguridad que se activan cuando terminan las clases. Es el caso del instituto noiés Campo de San Alberto, para evitar la práctica del botellón, o del ribeirense CEIP Heroínas de Sálvora, para evitar el vandalismo. Cuentan con ellas el CIFP Coroso de Ribeira, que registra la grabación, el IES Fontexería de Muros o el IES Porto do Son, que toma fotografías.