Agricultura intenta probar el vínculo de las armadoras gallegas con los pesqueros piratas
15 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Australia, Nueva Zelanda, Sea Shepherd, la Interpol... Todos han vuelto la vista hacia España al saber que había lanzado a Sparrow contra los piratas que operan en el océano austral, en aguas reguladas por la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCAMLR). Esperan que la ingente documentación recopilada en la redada confirme lo que parece un secreto a voces: que hay conexión entre los pesqueros piratas del Antártico y la esquina más occidental de España.
¿Qué buscaban los inspectores de Agricultura en los registros?
Pruebas que demuestren que los barcos que han sido avistados faenando ilegalmente en el Antártico -y contra los que la Interpol ha lanzado notas púrpura reclamando información- pertenecen a las casas armadoras registradas en A Coruña, Boiro y Ribeira.
¿Tienen ya alguna prueba de esos vínculos?
Los registros acabaron el viernes por la tarde y no ha dado tiempo a analizar toda la documentación recopilada.
¿Por qué han registrado las empresas de Ribeira?
Porque hay sospechas de que los pesqueros piratas avistados, el Kunlun, el Yongding, el Songhua, el Seabull y el Thunder son alter ego de embarcaciones que anteriormente pertenecían a Vidal Armadores y Monteco Shipping, que ya han sido procesadas muchas veces y sancionadas en varios casos por actividades de pesca ilegal.
¿Qué pescan en aguas de la Antártida?
Los barcos se dedican a la captura de Dissostichus eleginoides, conocido como merluza negra o bacalao o róbalo de profundidad, un pescado muy demandado y cotizado en mercados de la Unión Europea, Japón y, sobre todo, Estados Unidos, donde Richard Gere lo puso de moda al decir en una película que lo estaba comiendo y Clinton lo acabó de encumbrar al trascender que lo pidió en un restaurante. Quienes lo han probado lo comparan con el mero.
¿Qué pasará si se prueba el vínculo empresarial con los pesqueros piratas?
Tras la reforma de la Ley de Pesca Marítima, que ha elevado la cuantía de las multas, las infracciones graves, como se tipificaría la de pescar sin disponer de título habilitante para ello, pueden sancionarse con hasta 600.000 euros. Asimismo, los propietarios y los marineros a bordo se exponen a la suspensión del estatuto de operador económico autorizado y a la inhabilitación para el ejercicio de las actividades pesqueras.