El alcalde admite «corresponsabilidad» de todos por no actuar antes
18 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El recurso que interpuso el Concello de Cee contra la indemnización de 20.000 euros, que tenía que pagarle a una pareja por los ruidos de la calle Calzada durante los años de movida, ni siquiera ha sido tenido en cuenta por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El anterior gobierno, a través de los servicios jurídicos de la Deputación trataba de revertir el sentido de la sentencia dictada el 8 de enero pasado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de A Coruña, pero los magistrados del TSXG, encabezados por José María Arrojo Martínez, que ejerció como ponente, no quisieron entrar a valorar lo sucedido, puesto que se dan circunstancias formales, relacionadas con la cuantía demandada, que lo invalidan.
Aunque en un principio los afectados, Juan Carlos Díaz y Candelaria Pilar Lema, solicitaban 20.000 euros de indemnización para cada uno, por todos los perjuicios que les supuso el ruido, incluidos problemas de salud acreditados, el juzgado de lo Contencioso rebajó esa cuantía a la mitad. Por tanto, no entró en los límites que justificarían un recurso ante el TSXG, cuyos magistrados fijan esta cantidad final y no la inicialmente solicitada.
Dado que contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno, todo parece indicar que al Concello no le quedará otra salida que asumir el pago de los 20.000 euros (10.000 euros para cada uno de los reclamantes) y de los intereses de demora generados desde el 9 de octubre del 2012. Fue en aquellas fechas cuando la representación legal de estos vecinos interpuso una reclamación administrativa. Petición que le fue denegada por el pleno de la corporación.
El alcalde, Ramón Vigo, asegura que aún no ha tenido conocimiento del sentido de la sentencia y que, en cuanto la reciba, analizará la situación con la secretaria municipal y le darán «el curso que corresponda». En cualquier caso, admite su parte de «corresponsabilidad» junto con el resto de representantes políticos del Concello a lo largo de las últimas décadas porque no le dieron al problema «una respuesta oportuna».
Apunta también que no era fácil porque se toparon de un día para otro con que una calle residencial se convirtió en el centro de la movida de la comarca y había dos intereses legítimos: el de los hosteleros a desarrollar su negocio y el de los vecinos a que no se perturbase su modo de vida.
Los problemas se dieron en la Calzada y no en otros lugares, donde todavía hoy persisten locales de ocio nocturno, por la «acumulación» y porque se trata de un lugar donde las fachadas están prácticamente pegadas y el propio espacio público era la zona de marcha.
Vigo recalca que, en determinados momentos, al margen de otras muchas controversias, sí hubo hosteleros que mostraron un «compromiso» por adecuarse a las normas, incluso con importantes inversiones en sus negocios, pero eso no fue suficiente para paliar una situación enquistada que solo se resolvió con el declive de la movida.