El juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión ha ordenado el sobreseimiento provisional de las diligencias
24 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión ha ordenado el sobreseimiento provisional de las diligencias por posibles delitos de prevaricación y vulneración de derechos abiertas contra el alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo (BNG, gobierna en minoría); su teniente de alcalde, Fernando Mancebo; y dos funcionarios, con motivo de la querella penal promovida por siete ediles de la oposición a raíz de la tramitación de la frustrada moción de censura (marzo del 2013), firmada por estos mismos siete concejales. Los censores aludían a supuestos manejos irregulares de Antelo en la administración municipal para evitar que los funcionarios tramitasen la moción antes de que el PSOE expulsase a sus dos ediles firmantes, invalidando así la propuesta.
Por esta denuncia, el regidor vimiancés fue llamado a declarar como imputado -no tenían esa condición los demás enjuiciados-, investigándose la posible comisión de delitos de prevaricación, vulneración de derechos fundamentales y descubrimiento o revelación de secretos. Ahora, el auto recoge: «No consta debidamente justificada la existencia de una actuación planificada desarrollada por el señor Antelo y el señor Mancebo dirigida a retrasar deliberadamente y no tramitar la moción de censura». Descarta una baja «simulada» en el caso de la secretaria municipal -una excusa para no tramitar la moción, según los denunciantes- y tampoco se aprecia «conducta penalmente ilícita» por parte del secretario accidental por inadmitir a trámite la moción de censura. Es por esto que el juzgado dispone el sobreseimiento provisional de las diligencias por los delitos de prevaricación y vulneración de derechos, si bien pide que continúe la instrucción para esclarecer la posible comisión de un delito de revelación o descubrimiento de secretos respecto de las comunicaciones remitidas por el PSOE a los dos ediles expulsados, así como su autoría. Cita a declarar a un funcionario el 19 de marzo. El alcalde ve en la resolución la prueba de que la denuncia tenía «carácter político». Solicita a los denunciantes que se disculpen y, a Núñez Feijoo, que destituya a los representantes populares locales, por «amparar tácticas de tránsfugas».