En su escrito critica que se recurra a la Justicia «por intereses electoralistas o por conseguir mayores cuotas de poder»
24 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El fiscal, una vez se le dio traslado desde el juzgado corcubionés del auto, expone en su resolución que no hay indicios suficientes para considerar constitutivos de ilícito penal los hechos que han dado lugar a su incoación, «poniéndose de manifiesto, eso sí, cuestiones que son más fruto de la rivalidad o del enfrentamiento político, pero que en algún modo cabe residenciarlas en el ámbito de la jurisdicción penal, no debiendo ser utilizada esta por los operadores políticos como instrumento para dilucidar sus disputas o contiendas partidarias, movidos muchas veces por intereses electoralistas o por conseguir mayores cuotas de poder».
Afirma que la ley penal está para ser aplicada «a aquellas conductas que suponga una grave transgresión de las normas de convivencia social y no a aquellas otras conductas que deben ser enmarcadas dentro del ámbito administrativo».
Revelación de secretos
Pese a ordenarse el sobreseimiento provisional de las diligencias por los posibles delitos de prevaricación y vulneración de derechos fundamentales, ello se hará, dice el fiscal, «sin perjuicio de que se investigue la posible comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos que parece desprenderse de las actuaciones» en relación a las comunicaciones remitidas por el PSOE a sus dos militantes que firmaron la moción. El regidor vimiancés valoraba ayer este tema como «unha cuestión menor»: «Eles denunciaron unha interceptación de correos persoais que non é certa e que unha vez máis poñerá de manifesto a mentira dos censores». Para él lo que importa es la decisión que adoptó el partido.
Con respecto al PP, señala Antelo que es el que más deuda tiene con Vimianzo: «Traizoando a vontade das persoas que os escolleron, pretendían volver ao sistema político de corrupción que supoñía o proxecto dos censores».