Serán investigados por un presunto delito de estafa en la reducción del capital social del club
26 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Juzgado de Instrucción número 4 ha citado en calidad de querellados a todos los miembros del consejo de administración del Celta de Vigo para que le sea tomada declaración por la querella presentada por Diego Placente por presunta estafa en la reducción de capital de la sociedad. Carlos Mouriño, Ricardo Barros, Pedro Posada, Carmen Avendaño, Gabriela Lago, Antonio Rosendo Martínez y Primitivo Ferro tendrán que prestar declaración el 16 de enero a partir de las diez de la mañana según la providencia firmada por la jueza Eva Ferreiro Estévez el pasado 16 de diciembre.
La querella permanecía parada desde el mes de abril cuando había sido admitido el recurso de apelación presentado por Diego Placente contra la inadmisión a trámite de la querella interpuesta por un delito de estafa. En el auto de la sección 5 de la Audiencia Provincial de Pontevedra se indicaba que no compartían los argumentos de la juzgadora para no admitir a trámite la querella y acordar su sobreseimiento.
Los hechos atañen a la reducción del capital social del Celta en el año 2009 poco tiempo después de aprobarse una ampliación de capital. Según la Audiencia, llama la atención «los escasos días transcurridos entre la oferta y la compra de acciones por el querellante y la reducción de capital, lo que supuso una pérdida para el querellante de prácticamente el total de la deuda que tenía con el club».
Diego Placente y otros acreedores del Celta se acogieron a la opción del convenio concursal que permitía convertir deuda en acciones aprovechando la ampliación de capital publicada por el Boletín del Registro Mercantil el 2 de octubre del 2009 (al precio de 60,1 euros por acción). El 11 de noviembre se ofrecía el mismo valor a losa acreedores que eligiesen la alternativa tercera del convenio (la conversión). Poco después (27 de noviembre del 2009), el Celta convocó una junta general de accionistas en la que constaba en el orden del día la reducción del capital social». El 28 de diciembre de ese año se aprobó dicha reducción, pasando a valer cada acción del club 10 euros.
En aquella junta general, los abogados de Diego Placente ya anunciaron su intención de presentar una querella por presunta estafa, pero esta fue sobreseída en un primero momento. Incluso desde la propia dirección del Celta se apuntó que era un asunto muerto, pero con la admisión del recurso de apelación el contencioso ha vuelto a la vida. De momento, Carlos Mouriño y sus consejeros de entonces (Gabriela Lago ya no está) tendrán que presentar declaración. La jueza también ha decidido citar al ministerio fiscal «en tanto que también interesaba dicha diligencia y su práctica».
La Fiscalía también había solicitado la declaración para conocer de primera mano el argumento del Consejo de Administración del Celta al considerar que pudieron incurrir en delito en la reducción de capital, que pasó en un par de meses de 22,6 millones a 3,8, lo que significó una reducción del 83%.
Carlos Mouriño y el resto de consejeros están citados para el 16 de enero en el juzgado vigués