Presidencia estima que la sede judicial estará lista en noviembre del 2016
01 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La Consellería de Presidencia adjudicó ayer de forma definitiva la reforma de la Fábrica de Tabacos a la UTE formada por Corsán-Corviam Construcción y Antalsis. Las obras costarán 14,16 millones de euros, IVA incluido, comenzarán si todo sale como está previsto el próximo 1 de marzo y deberán estar finalizadas en un plazo de 30 meses, en noviembre del 2016.
El organismo que dirige Alfonso Rueda cumple así con el guion anunciado a mediados de mes, cuando se supo que la oferta presentada por la citada unión de empresas había recibido las mejores puntuaciones de los técnicos de la consellería.
Después de aquellos trámites solo era necesario que la UTE presentase el correspondiente aval para hacerse con el contrato, lo que ya ha sucedido. Ahora está previsto que a principios de la próxima semana Presidencia haga pública de manera oficial la adjudicación, contra la que aún podrían presentarse un recurso especial de contratación.
La Xunta ha ahorrado 5,2 millones de euros en el proceso de contratación, ya que el importe de licitación ascendía a 19,35 millones. Los 14,16 que finalmente costará rehabilitar la fábrica y convertirla en una nueva sede judicial se repartirán en tres anualidades. Durante el 2014 está previsto desembolsar algo más de 3,4 millones, lo que coincide con las previsiones de la Xunta, que había reservado 3,5 millones para arrancar las obras.
En el 2015, según las estimaciones de Presidencia, será preciso invertir 6,47 millones. Será el año de mayor esfuerzo económico, ya que en el 2016, en el que debe quedar listo el edificio, el gasto se elevará a 4,3 millones.
La oferta de Corsán-Corviam y Antalsis se impuso a otras once presentadas por diversas compañías. Otras seis propuestas fueron desechadas por la Xunta en la primera fase del procedimiento por diversos problemas.
Un largo proceso
La adjudicación de las obras supone el principio del final de un largo proceso iniciado por el anterior gobierno local, que ofreció el inmueble abandonado a la Administración autonómica en noviembre del 2009 para convertirlo en dependencias que contribuyesen a aliviar las colapsadas infraestructuras judiciales de la ciudad.
La oferta fue aceptada con rapidez, pero la Xunta ha sido mucho más timorata a la hora de comenzar los trabajos. De hecho, el Gobierno gallego incumplió varias veces los plazos que se marcó para iniciar las obras. El último lo rompió el pasado 1 de enero, cuando según sus previsiones el edificio ya tenía que estar en obras.