El 2,5 % de las mujeres se acogió en el 2015 a su derecho a no declarar contra su agresor
03 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Cerca de 2.000 mujeres denunciaron en el 2015 a sus parejas por malos tratos en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de A Coruña. Pero 50 de ellas se echaron atrás, acogiéndose a su derecho a no declarar contra sus supuestos maltratadores. Bien «porque los han perdonado, por miedo o por presiones familiares», según fuentes judiciales. Eso no supone que los agresores se libren de la pena, pues en esos casos en los que la víctima retira la denuncia, la Fiscalía continúa igualmente con el proceso. Lo que se conoce como «actuar de oficio». En la mayoría de los casos, cuando las pruebas son notorias, el maltratador resulta condenado aunque la víctima mienta o calle en el juicio para salvarlo, cosa que este año ocurrió medio centenar de veces.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña -hay dos en Galicia y el otro está en Vigo- ingresó durante todo el año que acaba de terminar cerca de 2.000 causas. En estos momentos, en la ciudad hay vigentes 320 órdenes de alejamiento. A este respecto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostró el mes pasado un informe en el que se refleja que más de un tercio de las órdenes de protección que las víctimas de violencia de género solicitan a los juzgados contra sus maltratadores son denegadas en Galicia, un porcentaje que se sitúa en la media estatal. La adopción de esta medida supone una protección «integral» para la víctima, que logra ayudas de asistencia socioeconómica, así como una orden de alejamiento de su agresor, disfrute de la vivienda compartida y la custodia de los hijos.
Falta de medios y personal
Para resolver todas las denuncias que llegan al Juzgado de Violencia de Género de A Coruña hay 10 personas. Y todas ellas denuncian falta de medios para atender los casos que diariamente les llegan, de ahí que exijan a la Xunta una respuesta a sus demandas.
El portavoz de Alternativas na Xustiza, Pablo Valeiras, como una de las trabajadoras de este juzgado, Helen Souto, han señalado, como ejemplo, que se tardan de «tres a cuatro meses» en adoptar medidas provisionales en un caso «urgente».
Además, han denunciado que falta un psicólogo y un abogado para atender a las víctimas. «A veces la propia víctima no sabe si quiere denunciar», ha señalado Helen Souto, que ha comparecido junto a otras funcionarias para denunciar esta situación. Mientras, Pablo Valeiras ha aludido a problemas de «coordinación», ausencia de medios para atender a las víctimas y a sus hijos y «jornadas maratonianas» por parte de los funcionarios.
En la misma línea ha remarcado que los juzgados de violencia de género «están de guardia todos los días laborales». Sin embargo, ha culpado a los «recortes» del Ejecutivo gallego que solo pueda haber dos funcionarios por la tarde, de los ocho que están asignados al juzgado coruñés.
«Los funcionarios están atendiendo psicológicamente a las víctimas», ha indicado, en referencia a la falta de un especialista. También ha expuesto que deben atender a los menores que llegan con sus madres y que estos también se ven afectados por el retraso en las medidas provisionales. Sobre el número de casos que llegan al juzgado coruñés, los funcionarios señalaron que este año se solicitaron, en A Coruña, 160 órdenes de protección, de ellas 82 concedidas. A las que hay que sumar las que ya estaban otorgadas.
El TSXG se plantea reforzar el juzgado de violencia de género por su carga de trabajo
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó realizar en los juzgados de violencia sobre la mujer de Vigo y de A Coruña «un seguimiento específico» de la evolución de su funcionamiento para, en el futuro, «replantearse la adopción de medidas» según la carga de trabajo y la disponibilidad de jueces.
Así consta en el acuerdo tomado en diciembre por el pleno de la sala de gobierno del TSXG, en el que se concreta que la carga de trabajo en el juzgado de A Coruña asciende a un 63,14 %, con 884 asuntos penales ingresados en el primer trimestre de 2015, y en la de Vigo llega a un 68,42 %, con 958 asuntos.
En relación a estos datos, el TSXG reconoce que las cargas de trabajo «en ningún caso son obviables o desdeñables al tratarse de módulos de carga de trabajo del propio Consejo General del Poder Judicial», por lo que acuerda hacer «un seguimiento específico de la evolución de la entrada, pendencia y funcionamiento» de estos dos juzgados.
Con ello, propone, «en su caso y en el correspondiente momento, replantearse la adopción de medidas específicas atendiendo a la situación y a la disponibilidad» de jueces de adscripción territorial o en expectativa de destino. En este sentido, ha remarcado que en estos momentos la disponibilidad de estos jueces es «inexistente» en las provincias de Pontevedra y A Coruña.
Asimismo, la sala de gobierno del TSXG también acordó remitir a la Dirección Xeral de Xustiza las conclusiones de los informes elaborados por el juez decano de Vigo y el juez de Violencia de A Coruña.