Operación Puerto: La destrucción de las bolsas de sangre vuelve a poner a España en un compromiso
DEPORTES
En las bolsas de sangre de la Operación Puerto incautadas al médico Eufemiano Fuentes está gran parte de la verdad de la causa contra una trama de dopaje masiva, por eso la orden de la jueza del caso de que sean destruidas vuelve a poner a España en un compromiso. La magistrada Julia Patricia Santamaría decidió en la sentencia denegar el acceso a las muestras a las autoridades deportivas, que llevan años pidiendo poder analizar la sangre para conocer quiénes eran los clientes del polémico doctor e imponer sanciones.
«No pusimos toda esta energía en el caso en los últimos seis años para desperdiciar ahora la posibilidad de conocer la verdad», dijo en una reciente entrevista con dpa el director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), David Howman. «La jueza decidirá al final del proceso, ahí veremos si recibimos las bolsas o no. El deporte tiene derecho a saber a quién pertenecen las bolsas y quién formó parte del dopaje», advirtió el neozelandés.
La jueza no sólo decidió denegar el acceso a las más de 200 bolsas de sangre que fueron incautadas en la redada policial que destapó la megatrama de doping en mayo del 2006, sino que también advierte de que cuando la sentencia de la Operación Puerto sea firme se destruirán las pruebas que ahora siguen custodiadas en un laboratorio de Barcelona.
«Han de prevalecer las garantías procesales y el respeto a los derechos fundamentales de los deportistas recogidos en la Constitución Española», señaló en su fallo. La Federación Española de Ciclismo (RFEC), la Asociación Mundial Antidoping (AMA), la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Comité Olímpico Italiano (CONI), todos incluidos entre las acusaciones particulares, habían solicitado muestras de la sangre que pudieran indentificar de forma inequívoca a los deportistas que se esconden aún detrás de pseudónimos o códigos.
Eufemiano Fuentes ofreció revelar su lista de clientes durante el juicio, pero la jueza no quiso conocerla. En su opinión, no era relevante para determinar si Fuentes cometió un delito contra la salud pública, ya que el doping no se penó en España hasta unos meses después de su detención.
Eso alimentó las suspicacias de prensa y organismos internacionales, que durante los casi siete años que tardó el caso en llegar a juicio acusaron a España de proteger a sus deportistas. La AMA y la UCI pidieron incluso una sentencia «ejemplarizante» que mostrara el «compromiso real» de España con la lucha antidopaje. Fuentes fue condenado a un año de prisión, la mitad de lo solicitado por la fiscalía, y cuatro de inhabilitación como médico deportivo, lo que le permite seguir ejerciendo como ginecólogo en su consulta en las Islas Canarias.
«No es una condena plenamente satisfactoria», admitió la jefa de la Agencia Estatal Antidopaje española (AEA), Ana Muñoz, que ya advirtió de que recurrirá para lograr las bolsas de sangre de la Operación Puerto. «Respeto el fallo, pero no comparto los argumentos de la jueza para denegar el acceso».
La apelación debe presentarse ante la Audiencia Provincial de Madrid, que podría tardar aún varios meses en decidir. Mientras tanto, sigue la cuenta atrás para la elección en septiembre de la sede de los Juegos Olímpicos del 2020, a la que concurre Madrid. «¿Las cosas hubieran sido distintas con una sentencia distinta? Creo que no respecto a Madrid 2020», señaló Muñoz, que espera que la aprobación a mitad de abril de la nueva ley antidopaje española, que tiene el visto bueno de la AMA y el COI, sirva de contrapeso a la polémica sentencia.