No se debe confundir la tramitación de una licencia deportiva con otra administrativa para cazar o pescar. En el primer caso no existe ningún problema que justifique el cambio del artículo 32.4 de la Ley del Deporte. De hecho ya está implantada la licencia única en algunos deportes, fruto del acuerdo entre la federación autonómica y española. Pero el Gobierno ha generado un conflicto donde no lo había. En teoría lo hace para eliminar duplicidades, pero en realidad no existen. Sin embargo, la medida complicará los trámites administrativos, al menos, en los procesos electorales y en la potestad disciplinaria.
Detrás de esta modificación está el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que la impulsa para «mejorar la financiación de las federaciones deportivas españolas». De esta forma camufla un impuesto a los deportistas con licencia federativa autonómica, intentando compensar la reducción del 40 % de la subvención estatal que han sufrido las federaciones nacionales sin que se vean afectados «los Presupuestos Generales del Estado».
Al margen de la vulneración de las competencias autonómicas exclusivas en materia deportiva, también se cercena el carácter voluntario intrínseco a la libertad de asociación a una entidad deportiva determinada. Los deportistas de base y de nivel autonómico serán integrados, quieran o no, en las federaciones nacionales, entidades jurídicamente distintas a las territoriales. Pero esta afiliación forzosa no será gratis ya que implicará «una compensación suficiente a las federaciones estatales» que será fijada por la asamblea general de las mismas, encareciendo la práctica deportiva federada en España.
Pretender mejorar la economía de las federaciones nacionales a costa de los deportistas y clubes autonómicos, aparte de provocar un desequilibrio en el sistema deportivo español, generará consecuencias muy negativas para el futuro del deporte de base y de rendimiento. Ahora solo se puede apelar a la responsabilidad de los parlamentarios para que retiren la medida o consensuen un texto alternativo que defienda, dentro del marco constitucional, las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia deportiva y corrija este desatino.