Brasil moviliza al Ejército para mantener el orden a pocos días del comienzo del Mundial
10 jun 2014 . Actualizado a las 20:34 h.La paz a cualquier precio. Es el ideal que persigue Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Ante la inestabilidad que se ha apoderado del país organizador del Mundial, las cuestiones de seguridad han cobrado máxima importancia los últimos días. El desasosiego y el coste político son las vallas a saltar por parte del Ejecutivo. Hasta el punto que ha activado al ejército para intentar garantizar que todo se desarrolle bajo un clima de normalidad. En principio, unos 57.000 soldados serán movilizados para velar por la tranquilidad de deportistas, aficionados y ciudadanos en general. Será la otra batalla del Campeonato del Mundo.
Las protestas por lo que la ciudadanía considera un gasto exagerado empezaron a bullir a mediados del mes de mayo. Las manifestaciones y el malestar populares han subido de tono con el paso de los días. Y las interrogantes sobre la situación que presentará el país en la jornada inaugural han incrementado la inquietud.
En ciudades como Río de Janeiro ya se intenta concienciar a sus habitantes de que deberán convivir con los militares a lo largo de las próximas semanas. Las tropas del ejército se sumarán a los alrededor de 15.000 guardias de seguridad privados que fueron contratados por la FIFA.
Y si esto fuera poco, también los guardias municipales de unas diez ciudades verán aumentada su potestad. Pasarán a formar parte de la Policía mientras dure el Mundial. Es decir, que podrán realizar servicios de antidisturbios y funciones que puedan conllevar la protección de la vida.
Ante el aluvión de autoridades que visitará Brasil en los próximos días, el ministro de Defensa anunció que entre 200 y 250 militares serán destinados a garantizar la seguridad de cada una de las personalidades.
La huelga del metro
Uno de los focos de conflicto de los últimos días ha surgido en el Metro de Sao Paulo, una de las sedes mundialistas. Los empleados permanecen en huelga desde el pasado jueves e incluso desoyeron una orden judicial que les instaba a regresar a sus puestos de trabajo. Esto llevó a que el Gobierno anunciase ayer el despido de 60 personas. Antes, la policía había dispersado una manifestación con uso de gases lacrimógenos.