La CIG anuncia posibles movilizaciones de trabajadores de Portadeza en protesta por un incidente presentado por los representantes de la patronal ante el Juzgado de lo Mercantil número 2. Unas medidas a las que añaden otras posibles de carácter judicial. La empresa reclama que no tiene que pagar ni la paga extra de julio ni la de diciembre a los trabajadores en base a un acuerdo de reducción de salarios firmado en julio del 2012.
El secretario comarcal de la Intersindical Galega, Antón Álvarez Merayo, recordaba ayer que los trabajadores cedían el 14 % de su salario a cambio de mantener el empleo. Se negoció, dijo «que se perdía a de xullo e a de decembro se iba a compensar». Por su parte la empresa señala que el acuerdo era que se pagaría si había beneficios salariales y no fue así, de ahí la reclamación cursada por el abogado de la firma.
Álvarez Merayo se queja de que la empresa presentase la denuncia el 14 de octubre, sin tratar de negociar antes y se queja de que diga que «os atrasos non se pagan tampoco porque están caducados». La CIG recuerda que había un acuerdo de palabra y acusa a la firma de engañar a sus trabajadores y de «querer gañar tempo». El incidente concursal, «presentado contra o acordo firmado pola propia empresa, polos administradores concursais e polos delegados de persoal», impide también hasta su resolución «que pode tardar meses» a los ex trabajadores cobrar sus indemnizaciones por parte del Fogasa. Indica que este organismo paralizó la tramitación de estos pagos «ata non saber cando é o final o que lles ten que pagar os traballadores».
La CIG solicitó ya una entrevista con los administradores concursales que creen «deben estar moi cabreados» y acusan a la empresa de «polo que parece, orquestar esta maniobra». Recuerdan que cuando se negoció el ERE la empresa se comprometió, de palabra, a reconocer la paga de diciembre del 2012, aunque señala que «a CIG aconsellou os traballadores non firmar ese acordo» .
Pérdidas de 220.000 a 330.000 euros
a CIG cifra entre 220.000 y 330.000 euros las pérdidas de dinero que podría suponer a toda la plantilla, entre los que incluye los 61 trabajadores que forman parte aún de la empresa y los despidos en julio de este año. Consideran que la medida de pérdida se situaría entre los 2.000 a 3.000 euros por trabajador. La CIG ya presentó alegaciones en el Juzgado contra el incidente.