El sindicato advierte del coste que tendrá para los ciudadanos al tener que desplazarse a Pontevedra y defiende un servicio público, gratuito y prestado
17 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El día 15 de julio fue la fecha fijada para la «muerte» de los Registros Civiles como tales. Una desaparición que está provocando movilizaciones en los juzgados de Pontevedra y en otros lugares del territorio gallego. A Lalín llegaron ayer las esquelas, que se pueden ver también en otras sedes judiciales y que dan la bienvenida ya a los usuarios de Registro Civil lalinense. La esquela anuncia la muerte de este servicio a los 144 años, seis meses y catorce días de vida, después de su creación el 1 de enero de 1871.
A las esquelas podría añadirse la colocación de una pancarta, para la que el sindicato SPJ (Sindicato Profesional de Justicia)-USO (Unión Sindical Obrera de Galicia) solicitó permiso. El lalinense José Nilo Fernández Taboada, representante de esta central sindical, subrayaba ayer que «defendemos un Rexistro Civil público, gratuito e atendido por funcionarios de Xustiza». A partir del 15 de julio las atribuciones del Registro Civil pasan a los registradores mercantiles, lo que supondrá a la ciudadanía tener que desplazarse a Pontevedra para cualquier trámite y, además pagar por ello.
Considera que los funcionarios de Justicia son los más capacitados para realizar esta labor y entiende que «os rexistradores mercantís pagan autónomos, cobran aranceis, co que moi funcionarios non son». Recuerda que la medida se adopta «despois de que se investirán máis de 180 millóns de euros en modernizar e dixitalizar as instalacións e agora se lle regala o máis grande rexistro de datos, que pasarán a mans privadas e nos que están desde nacementos a matrimonios, incapacidades, etc, etc de cada un de nós». Fernández destaca la supresión de puestos de empleo público que conllevará. En Lalín se siguen tramitando expedientes para bodas y entienden que se podrán celebrar pasado el 15 de julio, si el expediente se inició antes; lo mismo con otros trámites, porque se establece un período de adaptación, pero no está del todo claro.
Refuerzos para el número 1
Por otra parte, desde la Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza se
apunta que se analizará la petición de un refuerzo para el Juzgado número 1 de Lalín realizada por este sindicato ante la carga de trabajo de la sala. Señalan que en caso necesario se pondría un refuerzo con una serie de objetivos a cumplir y un plazo de tiempo tasado y recuerdan que en el 2012 se crearon dos plazas en Lalín, una en cada juzgado, pertenecientes al cuerpo de tramitación.
Cuíña apoya a los trabajadores y denuncia la desaparición
El candidato a la alcaldía de Lalín por Compromiso por Galicia, Rafael Cuíña, se hizo eco ayer de la colocación de esquelas en el Juzgado y denunció el traslado a Pontevedra de este servicio destacando los costes que conllevará. Criticó al regidor, José Crespo, «por non ter feito que se saiba, xestións para frear esta situación», a la vez que expresaba su apoyo y solidaridad con los trabajadores. Rafael Cuíña insiste en que «Lalín non pode perder este servizo» y se pregunta si en vez de ser la octava ciudad de Galicia «a pretensión é ser a capital mundial do Cocido». En la actualidad, el Registro Civil de Lalín cuenta con tan solo un funcionario mientras que en el de A Estrada hay dos.
Xustiza defiende la gratuidad frente a la denuncia del pago de los trámites
Fernández Taboada destaca que «será obrigatorio acudir os rexistros mercantís para rexistrar poderes, revocar poderes, cambios de domicilio, seguros, parellas de feito, libro de familia, fe de vida, rexistrar nacementos, defuncións, casamentos,...». Una larga lista de trámites ordinarios y necesarios que «pasarán a ser de pago». Sobre la implantación del cambio hay aún muchas lagunas. El representante de SPJ-USO apunta que «dos rexistros de matrimonio fálase de que custarán 400 euros».
Para el representante de este sindicato la desaparición de los registros civiles puede ser el primer paso para borra los juzgados de paz, «que quedan sen as principais competencias», pese al anuncio hecho de que iban a ser dotados de más medios y mayores competencias.
Mientras, la Xunta recuerda que la ordenación del Registro Civil es competencia del Estado, que la Ley del Registro Civil es del 2011 y que el actual Gobierno solo amplió un año la vacatio legis dada para su entrada en vigor y que finalizaba en julio del 2014. Explica que aprovechó para concretar que los funcionarios públicos serían los que se encargarían del Registro Civil y hizo mención expresa de la gratuidad del servicio para el ciudadano. Recuerda que fue esa ley de 2011 la que establece que los juzgados de paz de dejen de llevar este tipo de trámites «xestionándose en cada comunidade autónoma por una soa oficina xeral de Rexistro Civil, podéndose crear outra máis por cada 500.000 habitantes».