La Xunta ofrece a las entidades y afectados un laudo arbitral sobre las preferentes
ECONOMÍA
El conselleiro de Economía verá al fiscal general «por si hay indicios de delito»
17 mar 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno gallego tiene la fórmula técnica para solventar el conflicto de las participaciones preferentes, pero su aplicación efectiva para que los afectados puedan recuperar el dinero invertido dependerá de que la acepten las entidades financieras con las que contrataron ese producto. La propuesta de la Xunta, en el ejercicio de unas competencias que están limitadas en este caso al ámbito del consumo, consiste en un laudo arbitral, un sistema que, según explicó Feijoo, permitiría a las dos partes alcanzar un acuerdo por vía extrajudicial pero con «forza de sentenza». El presidente aseguró que este conflicto afecta a 70.000 gallegos que contrataron preferentes por importe de 1.080 millones con 16 entidades, de las que ocho son antiguas cajas y ocho bancos.
En la comparecencia posterior a la reunión del Consello de la Xunta, Feijoo defendió que esta vía extrajudicial de arbitraje «é máis rápida, non custosa, non depende da Administración de Xustiza e consiste en que entidades e cliente se poñan de acordo». Subrayó que la fórmula es técnicamente viable, «para nós, a mellor», matizó que el primer paso para que sea efectiva es «que as entidades acepten primeiro este procedemento», y de que lo aprueben los clientes. Además, las entidades que tienen FROB precisarán de la autorización previa de la UE. Feijoo destacó también que Galicia fue la primera comunidad que creó un observatorio para seguir las quejas. «O Instituto de Consumo tramitou e canalizou as súas reclamacións ante o Banco de España e a CNMV». La Xunta formó a 62 especialistas en consumo para asesorar sobre esas reclamaciones.
Sin test a los clientes
«Estamos extremadamente preocupados, es un producto sin la liquidez que se esperaba y que nos afecta especialmente, a entre 70.000 y 100.000 personas», explicó ayer a La Voz el conselleiro de Economía, que, además, es uno de los perjudicados. «El miércoles -añadía Javier Guerra- me reuniré con el fiscal jefe de Galicia por si hay indicios de un posible delito. Los bancos cuando venden un producto tienen la obligación de clasificar a sus clientes, y si eres un minorista tienen que hacerte un test y explicarte bien lo que contratas», algo que no sucedió al contratar las preferentes. El PSdeG acusó a Feijoo de «querer quitarse do medio do conflito».