Los ejecutivos de NCG reconocen que su mayor preocupación es resarcir a los ahorradores que compararon participaciones preferentes. Reconocen su error. «Cuando se colocó se creía que era un buen producto, pero eso no quita que la comercialización haya sido incorrecta. No se hizo de mala fe, pero se hizo mal», afirmó González-Bueno. El consejero delegado distinguió la situación de las personas que no sabían lo que compraban. «Estamos intentando que esos contratos se declaren para que se les devuelva la totalidad del dinero», explicó.
El proceso de distinción entre ahorradores y depositantes se basará, según Castellano, en hechos lo más objetivos posibles. «Se van a utilizar dos criterios: los elementos formales (la documentación y si se han cumplido los procedimientos) y las capacidades de los firmantes. Así se dilucidará, una a una, con un ritmo razonable», aclaró González-Bueno. Añadió que, en el caso de los inversores, el Gobierno está negociando para que la quita sea lo menor posible.