El banco malo que prepara Economía podría llevarse a empleados de las entidades

El Gobierno planea dar luz verde este viernes al llamado banco malo, una sociedad que gestionará los activos tóxicos de las entidades financieras nacionalizadas (Bankia, NCG Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) y también de todas aquellas que precisen recurrir al fondo de ayudas de la UE para su capitalización. Esa nueva sociedad se encargará de comprar esos activos a los bancos a un precio por debajo del valor en libros, utilizando para ello la ayuda financiera que dará la UE. Y luego, progresivamente, los pondrá en el mercado para sacar un beneficio con ello. De salir como augura el Gobierno, permitirá al Estado obtener beneficios, y a las entidades, limpiar sus balances.

Ahora bien, ese banco malo tendrá que contar con trabajadores que se encarguen de adquirir, gestionar, desarrollar y poner a la venta todos esos activos (suelo, promociones, pisos...). Fuentes sindicales y financieras creen que los encargados serán también personal de las propias entidades, gente especializada en tratar con ese tipo de inversiones y que podría pasar a la vez a la firma que tutelará el FROB. «La creación del banco malo va a tener un impacto en el empleo, seguro, y se estudia que parte del personal que ahora se está dedicando a esa tarea en cada entidad pase a esa nueva sociedad, lo que crea bastante incertidumbre», comentan los sindicatos. Fuentes financieras lo apuntan como una posibilidad «factible». Aunque no sucediera esto, habrá impacto laboral porque los trabajadores de los bancos que se encargan de esa cartera problemática verán cómo se quedan sin nada que gestionar.

El caso de Novagalicia

Una de las entidades que traspasará seguro sus activos tóxicos al banco malo es NCG, donde ya funciona una unidad de gestión de lo que Novagalicia llama «activos singulares». En esa unidad trabajan algo más de 400 personas, principalmente desde Madrid. La entidad gallega lleva ya semanas trabajando para ver qué activos podrían irse a ese banco malo, aunque sin entrar en el tema del personal a la espera de lo que detalle el texto que se aprobará el viernes.

Ese decreto también habrá de determinar qué se puede vender a esa sociedad de activos tóxicos y qué tendrá que quedarse el banco. Inicialmente, el Gobierno era partidario de incluir no solo créditos o fallidos vinculados al ladrillo, sino también préstamos de otro tipo -a industria o incluso particulares- de dudosa recuperación para el banco. Ahora el Ejecutivo central se plantea que esa sociedad sea exclusivamente inmobiliaria. «No parecería razonable que se incluyeran participaciones empresariales, créditos a pymes o hipotecas», apuntan en las entidades consultadas.

El banco malo estatal -que ya pusieron en marcha países como Irlanda- comenzará a funcionar a finales de noviembre. Antes, este mes, además de aprobar su funcionamiento, deberán presentarse las líneas estratégicas, es decir, organización, sede, personal, cómo se podrán ir vendiendo esos activos de forma progresiva para evitar un derrumbe de precios... El Gobierno ha encargado esta tarea a la consultora estadounidense Alvarez & Marsal, la firma que se encargó de la liquidación de Lehman.

Esa nueva sociedad estatal podría dar entrada a socios privados (promotores inmobiliarios, por ejemplo), aunque el Gobierno guarda silencio. Antes tendrá que sacar rentabilidad a esos activos que termine vendiendo.

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