Los afectados tendrán que asumir pérdidas por las participaciones preferentes

El Gobierno ha puesto ya por escrito el principal temor de los clientes que tienen participaciones preferentes en entidades en reestructuración, es decir, nacionalizadas o que recibirán algún tipo de inyección pública. De entrada son Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia. El borrador con el que trabaja el Ejecutivo central para dar una nueva vuelta al sector financiero -una exigencia de Bruselas para acceder al rescate- incluye que los tenedores de esos productos también tendrán que asumir parte del coste, y se les aplicará un «valor de mercado», con «las primas o descuentos que resulten conformes con la normativa de la Unión Europea». Es algo que rechazan de plano los afectados.

El texto no está aún aprobado, y podría abordarse bien en el Consejo de Ministros de hoy o en el del día 31 (lo más probable, según explicaban fuentes financieras anoche). Tampoco se especifica cómo habrán de ser esas quitas, es decir, qué porcentaje de pérdida puede aplicarse. Eso es lo que se está negociando todavía en Bruselas. El precio total de recompra por parte del banco de cada una de las emisiones no podrá exceder «su valor de mercado». Y las preferentes cotizan hoy por debajo del 50 % del precio al que se colocaron. Todo un palo para miles de clientes. Solo en la comunidad gallega hay más de 90.000 afectados, la mitad de ellos vinculados a Novagalicia.

Las posibles salidas

¿Qué les queda a los clientes? El pataleo. Porque el decreto, además, cierra toda puerta a las reclamaciones. «Los titulares no podrán iniciar ningún procedimiento de reclamación de cantidad», detalla un decreto que confiere mucho más poder práctico a las decisiones que tome el FROB, el fondo encargado de la reestructuración de la banca. Solo queda una posibilidad: acudir a un contencioso ante la Audiencia Nacional. Un proceso largo, y caro. En todo caso, el decreto no anula los procedimientos abiertos en la actualidad: ni el arbitraje ni las denuncias ante los tribunales de A Coruña y Pontevedra, en el caso de Galicia.

El borrador del decreto -que aún está abierto a cambios- especifica, en todo caso, que será el FROB el que determine las condiciones de ese canje, una vez valorado el producto. Se medirán para ello la cantidad de preferentes y deuda subordinada que se haya colocado, la viabilidad de la entidad, la proporción de ayuda pública recibida medida sobre activos ponderados por riesgo... Pero hay también una cláusula muy abierta que puede dar algo de aire a los clientes. Para establecer el canje se medirá también «el grado de probabilidad con que los inversores aceptarían voluntariamente las medidas previstas».

Las entidades tendrán la obligación de comunicar las condiciones finales en sus páginas de Internet y también en boletines oficiales. Y tendrán que abordar la solución antes de la llegada de la ayuda europea, en otoño. Todo lo anterior no afecta a aquellas entidades que no tengan la tutela del FROB.

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