A Francisco García, Paco, el real decreto aprobado el pasado mes de julio le ha caído como un jarro de agua fría. Su empresa, Almacenes Clarita, en Pontevedra, es un pequeño comercio de los de toda la vida en el que los trabajadores entran dando sus primeros pasos en el mercado laboral y acaban convirtiéndose años más tarde en veteranos que enseñan cómo se atiende al público a las nuevas generaciones hasta que les llega el día de la jubilación.
Porque este local dedicado a productos para la casa fue fundado en 1904 y representa a ese gran colectivo que es el comercio tradicional, un sector que ahora trata de sobrevivir y mantenerse en medio de una marejada que lo que ha hecho es retraer el consumo. «El cambio nos ha afectado mucho porque tenemos cinco trabajadores de más de 60 años», explica.
Hace cuentas, unos números que ha tenido que empezar a aplicar ya desde el mes pasado. Dice que «sumando la eliminación de las bonificaciones a ese colectivo de mayores con el fin de ayudas al fomento del empleo, que percibíamos por un trabajador, nos dejan de rebajar unos 595 euros en los pagos realizados a la seguridad social», explica.
Ese incremento implica, según añade, «un alza de los gastos dedicados a los pagos de ese concepto de un 16 % al mes».
El problema es que estas medidas dirigidas a mejorar el acceso al empleo de colectivos con problemas para entrar en el mercado laboral los pilla en un contexto de subida del IVA y ralentización del consumo. «La verdad es que el cambio es un golpe duro para una empresa de pequeño tamaño como esta», concluye este empresario pontevedrés.