Aseguran que el cuaderno de colocación no recogía el valor real de las acciones
20 nov 2012 . Actualizado a las 10:42 h.El último real decreto de Luis de Guindos asestó un duro golpe a los inversores gallegos. Determinó unas necesidades de capital que en la práctica será como el achatarramiento de la participación de los accionistas gallegos. De hecho, en estos momentos la entidad está siendo sometida a una nueva auditoría por parte de PriceWaterhouseCoopers y, posteriormente, tres bancos de inversión volverán a determinar el valor de la entidad. En ese momento tendrá lugar la nueva entrada de capital público, que en esta ocasión procederá del fondo de rescate europeo. De acuerdo con las condiciones impuestas por la troika, los accionistas privados tendrán que soportar las pérdidas de la entidad.
Los inversores del banco (Manuel Añón, Gadisa, Inversiones Gallegas del Cable, Inveravante, Jeús Alonso o Copasa, entre otros) se sienten engañados por el vendedor de sus acciones, que no es otro que el FROB, al que le pagaron 70,4 millones de euros. El engaño lo basan en que en el momento de la fusión de la entidad las cuentas no estaban nada claras. Hasta tal punto que el asiento de fusión del 2010 se tuvo que levantar meses más tarde para provisionar las cuentas en otros 1.650 millones de euros. En definitiva, como recuerda alguno de los afectados, el Estado «nos dio un cuaderno de venta que no se correspondía con la realidad».
Los inversores argumentan que los engañaron en ese momento y también cuando se colocaron las acciones, operación por la que el Estado recibió en intereses 1,4 millones de euros. Hay un claro caso de dolo, apostillan. A lo largo de este tiempo el Estado recibió más de 90 millones de euros de intereses por las dos inyecciones de dinero.
Reunión con el FROB
La semana pasada representantes de los empresarios mantuvieron un encuentro con miembros del FROB. Estos dijeron que su papel en la operación se limitó a la de mera ejecución.
Los inversores expusieron que ellos pretenden que se respete su inversión de 70,4 millones de euros cuando llegue la nueva ampliación de capital. No buscan, insistieron, que les devuelvan el dinero invertido, ya que siguen apostando por mantener una entidad gallega. Pero el resultado de la reunión fue negativo. «Dicen en Madrid que se achatarre nuestra inversión y que este es el problema 400 que tienen encima de la mesa, y que no es prioritario», argumenta una fuente. Esperan que la situación se solucione. En caso contrario incluso podría concluir con la dimisión de José María Castellano, presidente, y Gonzalez-Bueno, consejero delegado.