Jubilados gallegos pierden 209 euros de media al no compensárseles el IPC

Con la necesidad de cumplir el objetivo de déficit como argumento, el Gobierno desveló ayer -después de tres meses de indefinición- que no pagará a los pensionistas la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación; es decir, que no actualizará las pensiones con arreglo al IPC del mes de noviembre, que es lo que establece la ley y que supondrá un desembolso de 3.800 millones. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunciaron tras el Consejo de Ministros que el Gobierno «no puede hacer frente» a tal actualización, que supondría elevar el 1,9 % las pensiones para ajustarlas al IPC interanual de noviembre (2,9 %), ya que en enero solo se aplicó una subida del 1 %.

De este modo, el Ejecutivo ha decidido finalmente suspender este año, al que Báñez se refirió como «el más duro de la crisis», la compensación, aunque anunció que en el 2013 las pensiones se revalorizarán un 1 % con carácter general y un 2 % aquellas que sean inferiores a 1.000 euros mensuales, lo que beneficiará a 6,6 millones de pensionistas, el 70 % del total. El coste global de la subida será de 1.513 millones de euros y se traducirá en incrementos de en torno a 15 euros mensuales para los pensionistas gallegos, con una retribución media de poco más de 700 euros.

Poder adquisitivo

Pero la decisión de no compensar la subida del IPC supone un duro golpe para multitud de hogares que, como ambas admitieron, tienen en los pensionistas la «columna vertebral» para sobrevivir. En el caso de Galicia, donde la pensión media del sistema (incluyendo todos los tipos de pensiones, además de la de jubilación) está en 700,95 euros mensuales, la pérdida de poder adquisitivo que esta medida inflige es de algo más de 13 euros mensuales; es decir, 186,48 euros al año, que se elevan a 209 (casi 15 al mes) para la pensión media de los jubilados de la comunidad, que está en 786,74 euros. Cabe recordar que la jubilación media en Galicia es la más baja de todo el país, muy por debajo de la media nacional, que asciende a 953,70 euros. Dejar sin efecto la compensación que establecía la ley será, según respondió la ministra a preguntas de los periodistas, una medida excepcional y vigente este año por la «difícil» situación económica, y la decisión «supone un ejercicio de responsabilidad», ya que el objetivo «irrenunciable» del Gobierno es cumplir con el objetivo de déficit, meta que, por otra parte, Báñez no confirmó que fuera a alcanzarse.

Tanto la suspensión de la paga compensatoria de la inflación, que los pensionistas percibían en un abono único durante el mes de enero, como la revalorización del 1 o del 2 % en función del importe de la prestación, se incluyen en el decreto ley de medidas de consolidación y de garantía del sistema de Seguridad Social.

Cambios en el Fondo de Reserva

El decreto también recoge cambios en la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la «hucha» de las pensiones- del que el Gobierno retirará otros 3.530 millones de euros para pagar las nóminas de los pensionistas (la paga de diciembre y la extra) hasta final de año.

En concreto, el Ejecutivo deja sin efecto este año y hasta el 2014 el límite de disposición anual del 3 % para el Fondo de Reserva, porcentaje que sobrepasarían ahora, tras recurrir este año por segunda vez a la hucha de las pensiones, después de utilizar en septiembre algo más de 3.000 millones por problemas de liquidez.

En julio, el Gobierno también recurrió a 4.600 millones del Fondo de las Mutuas para abonar la extra de verano a los pensionistas.

La ministra de Empleo explicó que la Seguridad Social sufre «tensiones de liquidez» debido a la pérdida de casi tres millones de cotizantes durante la crisis y a los aplazamientos de pagos solicitados por las empresas, lo que imposibilita, sin recurrir al Fondo de Reserva, el pago de los 15.000 millones que supondrá en diciembre el abono doble de las pensiones que, insistió, «están garantizadas».

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