El Ejecutivo pactará con el PSOE y los municipios unificar el sueldo de los alcaldes y tasar el número de asesores
07 dic 2012 . Actualizado a las 22:50 h.El Gobierno meterá la tijera en el cajón en 2013 porque considera que en sus primeros doce meses ya ha adoptado todos los recortes y ajustes exigidos por la Unión Europea a los países con déficit excesivo, caso de España.
«Los socios europeos nos han dicho que no tenemos que tomar medidas adicionales para 2012 o 2013, y ese es el momento en el que estamos», explicó este viernes Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo da así un respiro a los ciudadanos tras un año en el que ha podado todas las partidas presupuestarias, incluidas las destinadas a las pensiones, educación, y sanidad, pese a que prometió en reiteradas ocasiones que no iba a hacerlo.
La vicepresidenta del Gobierno, de todos modos, optó por la prudencia y evitó mostrarse excesivamente optimista. Su guión, al igual que el de Mariano Rajoy, es que el año próximo será menos malo y que España volverá a la senda del crecimiento en 2014. Para eso, insistió, han sido todas las reformas estructurales y también los sacrificios que el Gobierno ha pedido a los españoles.
A pocos días de que se conozcan datos oficiales que permitan establecer si las comunidades autónomas cumplirán o no con el objetivo de reducir el déficit hasta el 1,5% de su PIB, Sáenz de Santamaría ratificó lo avanzado el jueves por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la decisión de «flexibilizar» la respuesta del Ejecutivo a aquellos gobiernos regionales que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No habrá, por tanto, intervención de las comunidades autónomas que incumplan, aunque no se descartan las sanciones, multas que podrían llegar al 2% del PIB nominal de cada territorio, si la desviación es excesiva, un criterio que el Gobierno debe determinar.
Más reformas
Lo que sí seguirá aprobando el Gobierno el año próximo son reformas estructurales. Sáenz de Santamaría recordó que «este Gobierno se presentó con un programa de investidura que contenía innumerables reformas» porque era necesario reformar la economía para sacar a España de la crisis y crear empleo.
Una medidas que, de momento, están cosechando un importante rechazo en los colectivos afectados; es decir médicos, jueces, profesores, resto de funcionarios y trabajadores en general.
La número dos de Rajoy admitió que estos cambios estructurales tocan «muchos status quo» y por eso hay «opiniones a favor y en contra», sobre todo porque los resultados de las reformas no son inmediatos. «Pero el Gobierno, que escucha esas protestas, tiene además la obligación de gobernar», espetó.
Entre las reformas que vienen destacan, por ejemplo, la energética, la de unidad de mercado y, tras la polémica con la tasas judiciales, una que se presume 'caliente', la del Poder Judicial.
Además de informar sobre los asuntos que aprueba el Consejo de Ministros, la vicepresidenta sabe que cada viernes, como portavoz del Gobierno, tiene que disipar dudas sobre la actualidad de la semana. Y el martes, Mariano Rajoy accedió a la petición del presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, a pactar las cuestiones más espinosas de la nueva Ley de Régimen Local y de otras normas, como la Ley de Transparencia, que afectan a alcaldes y concejales.
Sáenz de Santamaría, en esta misma línea, abogó por intentar un acuerdo con la FEMP y con el PSOE para, entre otras decisiones, homogeneizar los sueldos y el número de asesores.
«Efectivamente, la administración pública debe ser la primera en dar ejemplo», apostilló Sáenz de Santamaría. Pero dicho esto, recordó que «la mayoría de los alcaldes y los concejales no cobran nada y hacen su trabajo por vocación de servicio público, y eso lo saben muy bien en los pueblos pequeños», declamó.
En su opinión, tras treinta años de diferencias, es necesario establecer unos criterios que permitan, por ejemplo, «igualdad de trato en sueldos y número de asesores» entre las tres administraciones del Estado.
En cuanto a una posible reforma de la Constitución, que piden los nacionalistas y ve con buenos ojos el PSOE, la vicepresidenta argumentó que el Gobierno está obligado a medir muy bien sus prioridades, sobre todo en un momento de crisis económica como el actual. Recalcó, además, que para modificar la Carta Magna debe haber un consenso amplio, que ahora no hay, sobre el fondo, la forma y el momento adecuado de la reforma.
Existe acuerdo entre las fuerzas políticas para resolver la sucesión a la Corona y suprimir la primacía del varón sobre la mujer. Pero introducir ese cambio en la Constitución implica que habría que disolver las Cortes, convocar elecciones, volver a aprobar la propuesta y, finalmente, celebrar un referéndum. «Y no estamos presupuestariamente para gastos excesivos», enfatizó la vicepresidenta.