«Las que no puedan hacerlo, para eso está el Estado», ha añadido el minsitro de Hacienda
17 dic 2012 . Actualizado a las 22:14 h.El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que para el verano próximo todas las administraciones públicas, en todos sus niveles, pagarán a sus proveedores a treinta días en cumplimiento de la Ley de Morosidad. Y «los que no puedan hacerlo, para eso está el Estado», ha añadido Montoro durante su intervención en la Interparlamentaria del PP, en la que ha prometido que el Gobierno no acabará con la crisis «con medias tintas», ni tiene intención de financiarse «no pagando a proveedores».
El titular de Hacienda ha querido ser «claro» en este compromiso, hasta el punto de asegurar que este verano «no se oirá en ningún rincón de España» que a «tal laboratorio -por ejemplo- no se le pagó». Con medidas como ésta, ha señalado, España demostrará que es un «país fiable» y recuperará la confianza y la credibilidad del exterior.
Montoro ha recordado por otra parte que la ley de transparencia permite inhabilitar a los cargos públicos que no cumplan con las cuentas. «Tenemos en consecuencia la garantía, la capacidad del Estado de cubrir a todos, de atender a todos» y de garantizar a la ciudadanía que las administraciones van a ser austeras porque tendrán que informar de la ejecución de sus cuentas cada mes, ha apuntado.
Los ayuntamientos, la «cenicienta pobre»
Cristóbal Montoro ha admitido que el Estado de las autonomías «está descompensado» en la actualidad, y convierte a las corporaciones locales en la «cenicienta pobre» o «la hermana menor desamparada» De ahí la «gran oportunidad política» que se abre con la reforma de la administración en la que, ha dicho, se debe mantener el compromiso con la estabilidad presupuestaria y al mismo tiempo conseguir que las corporaciones locales «sean cada vez mejores gestoras, más transparentes y más comprometidas. Esa es la combinación que debemos buscar», ha añadido. Y eso se debe hacer también, según el ministro, «evitando la práctica de que las comunidades deleguen competencias» a los ayuntamientos mediante convenios para después «no pagar».