La compra de la gestora ANA podría suponer hasta 3.000 millones de euros para las arcas lusas
27 dic 2012 . Actualizado a las 09:39 h.El Gobierno conservador portugués analiza hoy la última gran privatización del país, la gestora de los aeropuertos nacionales, ANA, que podría suponer hasta 3.000 millones de euros para las arcas del endeudado Estado luso.
Empresas de Argentina, Brasil, Francia, Suiza y Alemania concurren en el concurso cuya adjudicación puede concluir en el Consejo de Ministros de hoy tras varios meses de pujas de las que se retiró en el último momento el grupo colombiano Odinsa.
Los cuatro grupos aspirantes a administrar las terminales aéreas de Lisboa, Oporto, el Algarve y las Azores son ahora el consorcio francés Vinci, el alemán Fraport, que administra el aeropuerto de Francfort, la argentina Corporación América y la suiza Zúrich Airport, que está asociada a la brasileña CCR entre otros inversores.
Aunque los analistas del sector y los medios lusos esperan que el Ejecutivo de Passos Coelho decida hoy la venta de ANA para cumplir los compromisos de privatizaciones del rescate financiero de Portugal, el Consejo de Ministros optó la semana pasada por no cerrar otra licitación importante, la de la aerolínea TAP.
El Gobierno conservador luso anunció que traspasará TAP en 2013 tras no aceptar la única oferta que había recibido, la del magnate colombiano-brasileño Germán Efromovich, que opera otras compañías aéreas latinoamericanas y ofrecía 340 millones de euros por la aerolínea de bandera portuguesa.
En el caso de ANA el problema no parece ser la escasez de pujas ni su monto, porque las cantidades de las ofertas que han trascendido de forma extraoficial superan con creces las sumas previstas hace unos meses.
La más elevada es la del grupo francés Vinci, supuestamente de 3.000 millones de euros, seguida de la alemana Fraport, a la que apoya un fondo australiano de inversiones, IFM, y se cifra en los medios de comunicación en unos 2.600 millones de euros.
Los analistas consideran que, pese a la menor puja que se le atribuye, la gestora del aeropuerto de Francfort, considerada una de las más relevantes del sector, tiene un gran atractivo para la internacionalización de los aeropuertos lusos.
El arco de ofertas la cierran, con menores cantidades según versiones no oficiales, la empresa brasileña CCR en consorcio con el aeropuerto de Zúrich, y el grupo EMEA que lidera la Corporación América de Argentina, gestora de varias terminales en Latinoamérica.
En la primera mitad de este año Portugal ya se deshizo del grueso de los activos empresariales del Estado, con la venta del 21,3 % de la eléctrica EDP (por 2.700 millones de euros) y el 40 % de la transportadora de gas y electricidad REN (por 592 millones).
Tras la decisión de no desprenderse por ahora de TAP, la secretaria de Estado del Tesoro luso, María Albuquerque, aseguró que el objetivo del programa de privatizaciones (5.500 millones de euros) acordado con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) «será ampliamente superado», en alusión al proceso de venta de ANA.
Lisboa se comprometió el año pasado, a cambio de los 78.000 millones de euros del rescate, a reducir el déficit fiscal y liberalizar la economía y el mercado de trabajo.
Ambas metas se han cumplido hasta ahora, según los técnicos de la UE y el FMI, con las duras medidas de austeridad y las reformas legales y ventas de activos públicos puestas en marcha por Passos Coelho.
En el caso de ANA, las condiciones de la licitación, que otorgan la gestión de los aeropuertos lusos por un periodo de cincuenta años y prohíben vender la empresa antes de cinco, se consideraron exigentes.
Solo fueron admitidas pujas de entidades con volumen de negocio mayor de 400 millones, capitales superiores a los 2.000 millones y que estuvieran asociadas a la gestión de aeropuertos con más de diez millones de pasajeros.
El Consejo de Ministros, cuya agenda no es pública, estudiará también hoy, según medios estatales, la privatización de los astilleros de Viana do Castelo, en el norte del país, que podría representar apenas diez millones de euros para el Estado luso, y a la que se presentan la brasileña Río Nave y la rusa RSI Trading.