Los jueces advierten de que los desahucios conducen a la «ebullición» social

A finales del año pasado había en España unos 20.000 desahucios de primera vivienda aún por ejecutar, una cifra que pone de manifiesto la «ebullición» social a la que conducen los desalojos de sus casas de aquellas familias asfixiadas por la crisis económica que no pueden pagar sus hipotecas.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, que son en última instancia los que ordenan los desahucios, se expresó de esa manera durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, donde presentó las memorias de actividad de los tribunales españoles.

Gonzalo Moliner reconoció que la crisis ha disparado las demandas de ejecución de desahucios, que sumaron casi 200.000 a finales del año pasado. De ellas, la inmensa mayoría corresponden a impagos de locales industriales o de negocio, y alrededor de un 10 %, es decir en torno a 20.000, a primeras viviendas familiares.

Poco antes de acudir al Senado, el presidente del CGPJ firmó con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y con el de la Federación Galega de Municipios e Provincias y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, un convenio de colaboración para garantizar que cuando en un procedimiento por impago de hipoteca o de renta los tribunales detecten situaciones «de especial vulnerabilidad» de los afectados, lo pongan en conocimiento de los servicios sociales de la Administración autonómica o local «por el medio más rápido posible».

«Aminorar el impacto»

Durante el acto de firma del acuerdo, el presidente de la Xunta recordó que su Ejecutivo ha puesto 500 viviendas a disposición de las personas que pierdan su hogar por impago. «Vamos a encender las alarmas para aminorar el impacto» de los desahucios, dijo Feijoo.

«Un desahucio deja en desamparo total a quienes están en situación de desvalimiento y vulnerabilidad»

Gonzalo Moliner

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