Un informe apadrinado por Visa Europe constata un descenso de las actividades fraudulentas en España. Reducir en diez puntos la economía sumergida reportaría 38.000 millones de euros más al erario público. El dinero negro disminuye al aumentar el uso de medios de pago electrónicos
20 may 2013 . Actualizado a las 03:01 h.En el agrietado edificio de la economía española, el sótano ocupa entre la quinta y la cuarta parte de la superficie útil. Ahí reside la economía sumergida. En ese espacioso y lóbrego lugar, al que no llega la luz ni el ojo de la inspección, se despliega una febril y fraudulenta actividad: se conciertan negocios opacos, se emplea a trabajadores sin asegurarlos previamente, se expiden facturas sin IVA, se evaden impuestos, se abonan en cash diversos servicios profesionales, se realizan chapuzas bajo cuerda, se alquilan pisos no declarados... Y se mueve dinero. Mucho dinero negro.
Las dimensiones
La compañía Visa Europe acaba de presentar un informe sobre la economía sumergida en Europa. Ha sido elaborado por la consultora A. T. Kearney y lleva al pie la firma del prestigioso profesor austríaco Friedrich Schneider. Según esa fuente, por las cañerías subterráneas de la economía española circularán este año 195.600 millones de euros. Aunque la magnitud de la cifra produce escalofríos, se trata de la estimación más moderada de cuantas conozco: «solo» supone un 18,6 % del PIB, apenas una décima por encima de la media esperada en el conjunto de la Unión Europea.
De acuerdo con esos cálculos, la dimensión del agujero negro español supera ampliamente a la de países como Alemania -13 % del PIB-, Francia o Reino Unido, ambos con el 10 %. Su tamaño, por el contrario, es netamente inferior al de Italia y Grecia. Y dista años luz de los registros relativos a los socios cuya infancia transcurrió al otro lado del telón de acero: República Checa, Croacia, Lituania, Estonia y Eslovaquia, todos ellos con bolsas de economía irregular que suponen entre el 28 % y el 31 % de sus respectivos PIB.
Otras estimaciones son menos complacientes en su análisis de la economía sumergida en España. En los primeros compases de la crisis, Funcas, la fundación de las cajas de ahorros, colocaba el listón unas décimas por debajo del 24 % del PIB. Y Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, utilizando datos del 2009, lo situaba en el 23,3 %, lo que supone unos 245.000 millones de euros fuera de control.
Las diferencias entre las diversas estimaciones se reducen si tenemos en cuenta uno de los resultados más llamativos del estudio de Schneider: la economía sumergida se está desinflando lentamente en España. En el período comprendido entre 1980 y 2008 había crecido el doble que la economía regular. Los datos prueban que, junto con la del endeudamiento y la del ladrillo, hubo también una burbuja de dinero negro. Alcanzó un pico en el 2009, al refugiarse en el sótano los primeros damnificados de la crisis. Y a partir de ese momento comenzó su lento declive.
¿Motivos de esa paulatina disminución? Tal vez algo influye la intensificación de la lucha contra el fraude, pero la razón de fondo es otra: ni siquiera las actividades en B son indemnes a los zarpazos de la crisis. No se compran pisos y se aplaza la visita al dentista. Disminuye el grosor de sobres y maletines. El dinero, ya sea blanco o negro, circula menos que antes. Tampoco corren buenos tiempos para las actividades opacas.
Las transacciones en B, a juzgar por los datos de Schneider, siguen concentradas en los mismos sectores de antaño. En la construcción representan el 29 % del valor añadido. Le siguen hoteles y restaurantes, con el 19 %; comercios, con el 18 % e industria, con el 16 %. Actividades todas ellas que han perdido fuelle, mermando también sus posibilidades de funcionar como escondites o lavaderos de billetes.
¿Cáncer o válvula de escape?
El tumor, en todo caso, continúa siendo gigantesco. En la dramática situación que atraviesa la economía española constituye, además, un enorme obstáculo que se interpone en el camino de la recuperación. Una pesada losa que impide reequilibrar las cuentas públicas, corroe la competitividad empresarial y atenta contra los derechos y la seguridad de los trabajadores.
Las actividades fraudulentas hurtan al erario público una ingente cantidad de recursos. Gestha, que atribuye el 70 % del fraude a los grandes patrimonios y a las grandes empresas, sostiene que reducir en diez puntos el volumen de economía sumergida permitiría recaudar 38.000 millones de euros adicionales. Los técnicos de Hacienda, que abogan por un gran pacto fiscal de las fuerzas políticas, proponen otra medida complementaria: establecer un tipo impositivo del 35 % para las grandes empresas cuyo beneficio anual supere el millón de euros, lo que reportaría casi 14.000 millones más a las arcas públicas. Con esos nuevos ingresos, equivalentes a más de cinco puntos del PIB, quedaría zanjado el problema del déficit público.
Los perjuicios ocasionados por la economía clandestina no se circunscriben a la Administración Pública. Son también víctimas propiciatorias las empresas que cumplen a rajatabla sus obligaciones y, en consecuencia, deben soportar la competencia desleal. O los trabajadores que, en su desesperación, renuncian a todo derecho a cambio de un trabajo absolutamente precario.
En el otro platillo de la balanza hay que colocar argumentos que, sin negar el carácter pernicioso de la economía sumergida, le atribuyen dos funciones positivas: sostiene empleos que de otra forma no existirían y, en épocas de recesión como la actual, sirve de válvula de escape que amortigua la conflictividad y evita el estallido social.
En esa dirección, el economista Michele Boldrin, asesor de Fedea, califica de «fantasía peligrosa» pensar que el déficit se elimina si se acaba con el fraude fiscal. Alega que una distribución errónea de los impuestos penaliza el empleo -sobre todo, las elevadas cotizaciones sociales- e incentiva el fraude y la inmersión de muchas pymes en la economía subterránea. Si el Gobierno hace aflorar esas pequeñas empresas, añade, «acabaría con ellas» y «supondría terminar con un porcentaje del PIB que oscila entre el 10 % y el 15 %». Boldrin aboga por establecer mecanismos de control para reducir en seis puntos el volumen de economía sumergida: del 20 % que estima Fedea al 14 %. Es decir, propone reducir el tamaño del tumor, no extirparlo de raíz.
Menos «cash», más tarjetas
Véase el significativo contraste entre el siguiente par de datos. El peso de la economía española en el conjunto de los 17 paíseso que integran la eurozona apenas rebasa el 11 %. Sin embargo, más del 16 % de los billetes emitidos por el Banco Central Europeo circulan por la piel de toro. Más aún: España es el país europeo con mayor número de esos billetes de 500 euros que casi nadie reconoce haber visto y cuyo valor rebasa el 44 % del dinero en efectivo que manejan sus ciudadanos.
¿Cómo se explica que un español disponga de más dinero que un alemán o un francés más ricos que él? La respuesta es sencilla. A la hora de pagar en el supermercado, en el restaurante o en el comercio, aquellos extranjeros utilizan más la tarjeta y nosotros más el dinero en efectivo. Cada español realiza, por término medio, 120 transacciones electrónicas durante el año. Un europeo, 180. Un holandés, casi 350. Y un búlgaro, solo 25. Cifras inversamente proporcionales al peso de las economías fraudulentas en cada uno de esos países: más del 20 % en España, un 16 % en los Países Bajos y un tercio del PIB en Bulgaria.
A la vista de esa significativa correlación, se comprende la drástica propuesta formulada por algunos economistas para eliminar la economía subterránea: si prolifera el dinero negro, suprímase todo el dinero. Sustitúyase el dinero en efectivo por dinero electrónico. Tarjetas, transferencias bancarias y cheques, que siempre dejan rastro, en vez del escurridizo fajo de billetes o el saco de monedas que escapan a todos los controles. La idea, aunque extrema, no resulta tan descabellada como parece. En algunas ciudades suecas, de hecho, ya no se aceptan los pagos en cash.
Sin llegar a tal radicalismo, la propuesta de combatir la economía sumergida mediante la restricción del dinero en efectivo parece imponerse. El informe elaborado por Friedrich Schneider, aunque suscite alguna sospecha de arrimar el ascua a la sardina del patrocinador -Visa Europe-, demuestra que el método puede ser eficaz. Por cada 10 % de incremento en el uso medio electrónicos de pago, la economía sumergida contrae su tamaño entre un 4 % y un 6 %.
En esa dirección se inscribe la medida estrella de la ley antifraude aprobada el año pasado en España: prohibición de efectuar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros. La decisión no ha suscitado rechazos. El principal partido de la oposición la apoya implícitamente al proponer la supresión de todos los billetes de 500 euros. Y los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha solo lamentan que el límite de gasto en efectivo esté más próximo al establecido en Francia -3.000 euros- que al fijado en Italia -1.000 euros.
Parece claro que, llevada al límite, la fórmula cegaría los sótanos de la economía. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero, mientras tanto, bueno sería descubrir una vacuna eficaz. Y esta solo puede consistir en una reforma fiscal en profundidad que, además de hacer más equitativo el reparto de los impuestos, elimine del sistema los mil vericuetos y pasadizos por los que se deslizan los grandes depredadores del erario público.