La Diputación de Ourense será la primera en asumir servicios básicos de los municipios pequeños. Hacienda asegura que no recortará el sueldo de los empleados municipales
21 may 2013 . Actualizado a las 12:52 h.Los 9.000 millones de euros que el Gobierno pretende ahorrar con la reforma de la Administración local incluyen una partida de 870 millones que no derivará ni de la clarificación de competencias ni de la eliminación de mancomunidades y empresas públicas. Saldrá directamente del bolsillo de los funcionarios públicos que prestan su servicio en los ayuntamientos y entes locales durante el 2014 y el 2015, una vez que entre en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Eso es lo que dicen algunas fuentes, aunque Hacienda lo niega.
Según las primeras, el ajuste no recaerá sobre el salario base, sino que el Gobierno pondrá límites a los complementos específicos. Una cantidad que, hasta este año, percibían los trabajadores públicos en función de las características especiales de su puesto de trabajo -destino u horario, entre otros criterios- y que, con la nueva norma, tendrá límites que se establecerán cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
No se sabe a cuántos funcionarios de los 8.114 ayuntamientos que existen en España podría afectar el tijeretazo. Unas 526.248 personas trabajan en las Administraciones locales.
Acelerón
El Gobierno ha pasado, en cuestión de semanas, de aparcar la reforma local a acelerarla, sobre todo tras las críticas surgidas a partir del 26 de abril, cuando se anunciaron nuevas subidas de impuestos y unas previsiones macroeconómicas muy negativas hasta el 2016. Prueba de estas prisas es que Hacienda ha firmado ya un protocolo con la Diputación de Ourense para poner en marcha un plan piloto para que sea la primera de España en asumir los servicios que pierdan aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes.
Y es que, el anteproyecto local, que el Gobierno presentará hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pretende que el 92,1 % de los 6.797 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes pierdan a partir del 1 de enero la gestión de los servicios básicos que prestan a diario a sus vecinos; es decir, residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Cesión a las diputaciones
Estos 6.260 consistorios intervenidos (el 77 % de las 8.116 poblaciones de España) cederán estas competencias a las diputaciones a partir de esa fecha. Fuentes del Ministerio de Hacienda han justificado esta drástica decisión por la «ineficiencia» de estos ayuntamientos, que, según los cálculos del ministerio, pagan hasta tres veces más por un mismo servicio que un municipio de más de 100.000 habitantes.
Las diputaciones provinciales será también las encargadas de cobrar las tasas a los ciudadanos, «que serán menores que las actuales».
Los consistorios podrán recuperar la gestión en un plazo de cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad que incluya un aumento de los ingresos y un recorte de sus gastos.