Estudian movilizar funcionarios extras y agrupar casos en dos tribunales de Vigo y A Coruña
14 jun 2013 . Actualizado a las 10:39 h.Oficializadas las quitas y ante el inminente cierre del grifo del arbitraje, el Gobierno gallego y los jueces diseñan contra reloj un plan de choque para apoyar a tenedores de preferentes y deuda subordinada y, de paso, evitar un hipotético colapso del sistema ante una más que previsible avalancha de litigios por estafas en la venta de productos financieros tóxicos. Con ese único objetivo en el orden del día, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reúne hoy en Santiago, entre otros, con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, y el vocal para Galicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Almenar. Sobre la mesa, posibles medidas como la implantación de servicios de atención prioritaria, la concentración de casos en un par de juzgados, probablemente de A Coruña y Vigo, y el envío a los mismos, por parte del Ejecutivo, tanto de funcionarios como de medios materiales de refuerzo.
En unos tribunales ya atascados desde el estallido de la crisis por asuntos de deudas, impagos y similares, la presentación masiva de demandas civiles contra Novagalicia Banco, sin adoptar soluciones paliativas, no haría más que terminar de saturar el despacho de expedientes ordinarios y frustrar la ansias de justicia rápida de los preferentistas. «Se trata -explican fuentes conocedoras de la operación en ciernes- de disponer todo para atender a los estafados de manera ordenada, con agilidad, y para que sus sentencias se emitan en un plazo de tiempo, digamos, razonable».
Feijoo pide más arbitrajes
Sin querer entrar en detalles, el presidente de la Xunta ya avanzó ayer este giro en la estrategia de su Administración: el respaldo gubernamental a los afectados en el frente judicial. En rueda de prensa a la conclusión de la reunión semanal de su Gabinete, Alberto Núñez Feijoo reclamó públicamente a NCG -al FROB, en realidad, indirectamente, que es el que lo controla- que rectifique su decisión de no admitir a trámite más arbitrajes a partir del lunes próximo, un camino que ya ha permitido o bien permitirá recuperar su dinero íntegramente a dos tercios de las 56.000 personas que han optado por recorrer esa senda para llegar a la solución a su mal. Dicho do otro modo, cegada esa vía, quedan desasistidas unas 38.000 de las 75.000 personas perjudicadas.
«Se o banco -sentenció el mandatario popular- non quere mandar máis arbitraxes ao Instituto Galego de Consumo (IGC), será a súa decisión, que nós non compartimos». En ese más que probable escenario, abundó, el Ejecutivo «volverá tomar partido» por las víctimas del engaño. «Imos seguir protexendo ao 100 % dos aforradores para que recuperen o 100 % dos seus aforros», resumió. Como hasta ahora, pero en otro campo de batalla: la guerra pasa de las oficinas del IGC a los tribunales.
«No ámbito das súas competencias en materia de organización xudicial», en adelante, la Xunta, expuso Feijoo, obrará «en común acordo con xuíces» para establecer «vías que faciliten de forma inmediata sentenzas que conleven a devolución».