Los inversores reintegrarán el «tax lease», pero será el Gobierno español el que decida cuándo
18 jul 2013 . Actualizado a las 09:47 h.La decisión cayó como un jarro de agua fría sobre los astilleros que aún conservaban una mínima esperanza en que el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, rectificase. Pero la Comisión Europea ha sido implacable: los inversores favorecidos por el tax lease español deberán devolver las bonificaciones fiscales que obtuvieron ilegalmente entre los años 2007 y 2011.
No cedió Almunia, pese a la insistencia de su homólogo italiano, Antonio Tajani, que defendió hasta el último momento el reintegro de las ayudas a partir del año 2009. Tampoco la presión del sector, autoridades españolas, sindicatos e inversores surtió efecto.
Aunque las peticiones de España no fueron satisfechas, la propuesta aprobada ayer por el Colegio de Comisarios amortigua el golpe que el borrador inicial pretendía infligir al sector, del que dependen 87.000 puestos de trabajo. La razón está en la letra pequeña de la resolución.
Caso por caso
Si bien es cierto que los inversores deberán devolver las ayudas que recibieron en forma de bonificación fiscal desde el cierre del expediente francés el 30 de abril del 2007 hasta el momento en que se abre el español (29 de junio del 2011), Bruselas concede al Gobierno y los servicios tributarios la potestad de decidir qué inversores deben devolver bonificaciones y de estas, cuáles no se ajustaron a la normativa europea de ayudas y deben ser reembolsadas. Así se deja la puerta abierta a una devolución parcial que deberá ser estudiada caso por caso. También decidirá España cómo y en qué plazo se reembolsan.
Almunia no quiso dar cifras porque, según explicó, «corresponde a las autoridades nacionales calcular el importe», pero algunas fuentes indican que se alejará bastante de los números que hasta el momento manejaban el sector y el Gobierno. El propio comisario aseguró que los cálculos son erróneos y se mostró sorprendido porque «a lo largo de las propuestas que he presentado, la cifra seguía invariable».
Bruselas también ha blindado a astilleros y armadores de cualquier carga financiera. Serán los inversores los que hagan frente a la devolución de ayudas ilegales. Para ello, declara que «los beneficiarios no podrán trasladar su obligación de devolución a terceros, ni siquiera en aplicación de contratos existentes».
Pese a la ingeniería jurídica de la que hizo gala la Comisión Europea, para Pymar no es suficiente: «Es una resolución discriminatoria e injusta», aseguran. Por lo pronto, barajan la posibilidad de iniciar acciones legales.