La Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre la comercialización de participaciones preferentes por parte de las entidades financieras españolas. El origen de sus pesquisas es la denuncia presentada a finales de mayo por un despacho de abogados (Navas&Cursí) especializado en temas de derecho financiero y mercantil, que representa a varios pequeños ahorradores que las adquirieron años atrás.
Fuentes comunitarias confirmaron que los técnicos del Ejecutivo comunitario realizarán las pesquisas correspondientes para determinar si en la venta de ese producto financiero considerado de alto riesgo se pudo producir alguna vulneración del derecho comunitario. De ser así, incoarían un expediente sancionador contra el Estado español que podría implicar, además, a los órganos reguladores como el Banco de España y la CNMV.
De hecho, el referido despacho señala varios tipos distintos de «malas praxis bancarias» que, sin embargo, no han sido corregidas aún por las autoridades españolas. Además de las preferentes, cita los swaps (permutas financieras), las hipotecas multidivisa y las cláusulas suelo como otros ejemplos de productos que se comercializaron sin seguir ni las cautelas ni las garantías necesarias. Según su denuncia, el Ejecutivo español aplicó tarde y de manera incorrecta tanto la directiva europea sobre Instrumentos Financieros en los Mercados como la normativa sobre protección de los consumidores.
En la única intervención conocida hasta la fecha de la Comisión respecto a la venta de participaciones preferentes por los bancos españoles, las autoridades comunitarias avalaron a mediados de abril el plan del Gobierno para obligar a los bancos sanos a realizar una aportación extra al Fondo de Garantía de Depósitos.