Los usuarios pagarán por la energía que producen para su propio uso en uno de los países con la luz más cara
26 ago 2013 . Actualizado a las 22:56 h.El descontento producido por la reforma eléctrica del Gobierno ha llegado a los consumidores, compañías eléctricas tradicionales y productores de renovables. Estos últimos claman contra el nuevo régimen ideado para las llamadas energías limpias. Pero también contra la parte de la reforma que regula el autoconsumo de energía.
«Cobrar impuestos por el sol»
Una normativa que crea un nuevo impuesto -peaje de respaldo- a la producción de electricidad para consumo propio, en especial de origen fotovoltaico. Las asociaciones que aglutinan a los productores de este tipo de energía han puesto el grito en el cielo por una regulación que, a su juicio, hace inviable el autoconsumo eléctrico en un país que dispone de más horas de sol que el resto de Europa y soporta una de las facturas eléctricas más altas. Estos son los aspectos más destacados de un proyecto de real decreto que ha provocado las burlas de Forbes. La revista critica en un artículo que el Gobierno de España, «sin ideas», pretenda «cobrar impuestos por el sol».
¿En qué consiste el peaje de respaldo?
Es una tasa que el autoconsumidor pagará por la electricidad que produzca aunque sea para consumo propio. El precio se calculará «considerando el término variable de los peajes de acceso, el valor de los pagos por capacidad y el precio estimado de los servicios de ajuste en cada período». Hasta que se dicte la orden ministerial que establezca los precios, se tomarán unos valores que pueden alcanzar hasta los 9 céntimos por kilovatio hora (kwh), siempre para potencias inferiores a los 10 kw. Habrá una reducción del peaje para los consumidores de las islas y de Ceuta y Melilla hasta el 31 de diciembre del 2019. Hasta esa fecha las instalaciones de cogeneración estarán eximidas de pagarlo.
¿Cómo lo justifica el Gobierno?
Según explica el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el borrador, cuando un autoconsumidor está conectado a la red general se beneficia del respaldo que le proporciona el sistema «para garantizar el balance entre generación y demanda en tiempo real». Esto justifica que tenga que hacer frente, «a los costes del sistema eléctrico». «Cuando [el autoconsumidor] va a utilizar la red que pagamos entre todos tiene que contribuir porque, si no, los demás estaríamos pagando una parte del autoconsumo», justifica el ministro Soria. La Unión Española Fotovoltaica estima que el peaje de respaldo puede ser hasta un 27 % más elevado que el convencional.
¿A qué más pagos debe hacer frente el autoconsumidor?
Cuando se vea obligado a utilizar electricidad del sistema, el usuario de autoconsumo deberá pagar el peaje de acceso a las redes «una vez calculados los saldos netos» (diferencia entre la energía vertida y la consumida).
¿Puede cobrar por la energía sobrante vertida a la red?
No. El real decreto deja claro que las cesiones que un consumidor con una modalidad de suministro con autoconsumo «pudiera eventualmente hacer al sistema de la energía eléctrica generada en el interior de su red y que no pueda ser consumida en cada instante en el punto de suministro o instalación no podrá llevar aparejada contraprestación económica».
¿Cómo estaba regulado el autoconsumo hasta la reforma eléctrica?
Estaba en un limbo legal, ya que el anterior Gobierno socialista ya había planificado una regulación del sistema. Ya existían instalaciones para el autoconsumo, pero muchas de ellas no estaban registradas. Algunas comunidades autónomas (como Baleares, Castilla-La Mancha o Navarra) permitían generar energía para consumo propio por el día, mientras que por la noche los productores se conectaban a la red general y pagaban los peajes de acceso. Ahora será obligatorio inscribirse en el Registro Administrativo de Autoconsumo de energía eléctrica. Este requisito no será obligado para los consumidores aislados.
¿Qué sanciones se aplicarán a quienes incumplan la obligatoriedad de inscribirse en el registro?
Los usuarios de autoconsumo que no estuvieran dados de alta en el registro a la entrada en vigor del real decreto disponen de un plazo de dos meses para regularizar su situación. De lo contrario, se enfrentan a la suspensión del suministro eléctrico y a una multa de hasta 30 millones de euros por cometer una infracción muy grave.