Deloitte comunicó a la CNMV que está «estudiando» qué consecuencias tendrá la medida
04 sep 2013 . Actualizado a las 14:35 h.Pintan bastos para Pescanova. La decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de imponer a la empresa una fianza cercana a los 55 millones de euros complica aún más el trabajo de la administración concursal, en manos de Deloitte, para mantener a flote la pesquera, a la que coloca en una situación límite. Y así lo comunicaron ayer los administradores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un hecho relevante en el que informaban al supervisor bursátil que Pescanova «está estudiando las consecuencias y eficacia que la adopción de esta medida puede tener», subrayando además «su situación de insolvencia y el proceso concursal seguido ante el Juzgado de lo Mercantil».
En cualquier caso, aunque la causa que instruye Ruz en la Audiencia Nacional es la derivada penal de las irregularidades financieras de Pescanova y, por ello, completamente independiente y paralela al proceso concursal de la pesquera, que la blinda frente a los requerimientos de los acreedores, Deloitte está buscando resquicios legales para aflojar el nudo corredizo que la fianza, de 54,8 millones de euros, supone para la supervivencia de la empresa.
En el mismo hecho relevante, Santiago Hurtado -administrador concursal junto con Senén Touza- abre la puerta a recurrir el auto de Ruz, apelando a la «defensa legal que, en su caso proceda, en interés de Pescanova y sus acreedores».
La cuantía con la que hacer frente a la responsabilidad civil -en caso de ser condenada en el proceso- es tan elevada que equivale a casi todo el préstamo puente que la empresa firmó in extremis a finales de junio. La línea de crédito con las principales entidades acreedoras ascendía a un máximo de 56 millones de euros, de los que, según fuentes financieras, aún no se ha dispuesto de más de 20.
La empresa es la «delincuente»
La reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre del 2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, además de la de sus administradores. Y es aquí donde encaja la exigencia económica que Ruz impone a Pescanova, al imputarle un presunto delito de falseamiento de información económico-financiera, tipificado en los artículos 282 bis y 288.
«Si, como sostiene el juez, ha habido una falsedad, la titular de las cuentas es la propia Pescanova y, dado que es la delincuente, la ejecutora del delito, se va contra el patrimonio de la sociedad», explican los expertos consultados, que insisten en que en este caso -sin precedentes- el juez Ruz no puede atender a la situación económica de la firma (en insolvencia) sino asegurar la protección de los accionistas engañados, especialmente de los minoritarios.
«Manipular las cuentas es un delito gravísimo porque es una cotizada. Hay que proteger al inversor», añaden esos mismos expertos.