La Administración tributaria gallega tiene abierto un frente con el sector eólico por el cobro del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) a los parques.
¿Por qué han recurrido la última resolución de Hacienda favorable a los empresarios?
En su día entendimos que estas autorizaciones estaban sujetas al tributo. Hay hasta cinco resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente de Hacienda, que nos dan la razón. Y en febrero hubo una resolución que cambia el criterio anterior.
¿Y por qué no la acatan?
Porque harían falta al menos dos resoluciones. Y porque la Administración representa los intereses de todos los contribuyentes y entendemos que en aras de una mayor seguridad jurídica tendrán que hablar los tribunales, que son los que interpretan la ley. Por eso hemos recurrido la resolución del TEAC. El conflicto con el sector eólico lo decidirá la Justicia.
¿Dónde están en Galicia los mayores focos de fraude fiscal?
En los tributos cedidos, tanto en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, como en sucesiones. Y los fraudes son hechos imponibles que no se declaran o bienes mal valorados. Contribuyentes que en su declaración, fundamentalmente en sucesiones y transmisiones, colocan una cantidad que no coincide con el valor de mercado. Hay mecanismos que nos permiten estimar si está ajustada la valoración, como la tasación pericial contradictoria, el dictamen de peritos y los precios medios de mercado, una orden que establece criterios objetivos para que los funcionarios puedan calcular con precisión qué cifra es la que más se ajusta al valor real.