Arranca esta mañana la segunda ronda de comparecencias en el escándalo de las jubilaciones millonarias; Fiscalía y juez investigan 7 años atrás para encontrar el origen de los contratos
25 nov 2013 . Actualizado a las 14:30 h.El caso de las millonarias indemnizaciones y prejubilaciones pagadas a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia vuelve hoy a la Audiencia Nacional. En realidad nunca se ha ido. El caso, iniciado hace dos años por la denuncia del sindicato CIG y del abogado Pablo Arangüena, ha seguido una instrucción algo lenta, con la declaración en el 2012 de los cinco imputados hasta la fecha y media docena de testigos; la recopilación de documentos de la antigua caja; la petición de informes al Banco de España y a la Dirección General de Seguros... Y esta mañana se inicia la segunda ronda de declaraciones, con nuevos imputados: cuatro miembros de la comisión de retribuciones de Novacaixagalicia y -novedad importante- un abogado externo que asesoró a la entidad.
Anticorrupción (con las fiscalas Pilar Melero, la más incisiva, y Concepción Nicolás) y el juez Ismael Moreno han retrotraído la investigación hasta el año 2006, tratando de encontrar en Caixanova el origen de los contratos de alta dirección que firmaron José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Nelson Rodríguez Estrada. En una providencia del 28 de octubre, el juez ha reclamado a NCG Banco (heredero de Novacaixagalicia) informes sobre la póliza de jubilación que Julio Fernández Gayoso, entonces presidente de Caixanova, firmó con la compañía Caser (aseguradora de la que era consejero, por cierto). Fuentes cercanas a la investigación creen que ese documento, y diversas modificaciones hasta el año 2010, pudo servir de modelo y replicarse en los contratos que posteriormente suscribieron los cuatro directivos encausados.
Estas son las nuevas claves para esta semana:
El abogado imputado
Asesor en la redacción de los contratos. El nombre de Ricardo Pradas aparece varias veces en informes previos de la Fiscalía Anticorrupción (los que dieron lugar a la imputación de Gayoso y otros cuatro directivos). Pero no ha sido hasta este mes en que se ha dado el paso de encausarle. Es, según fuentes conocedoras del caso, una persona clave por su papel en el asesoramiento y redacción de los contratos que dieron lugar a los blindajes y prejubilaciones ahora en cuestión. En el verano del 2011, cuando la caja iba a convertirse en banco, explicó al consejo, sin nombres ni cantidades, de forma opaca (según algunos testigos) las indemnizaciones que podía enfrentar la entidad si los directivos se iban en ese proceso de conversión (iba a llegar José María Castellano, con un nuevo equipo al frente). Pradas es único imputado ajeno a Novacaixagalicia, y algunas fuentes lo sitúan también como asesor en otras cajas de ahorro. Su vinculación a las cajas gallegas procede de la antigua Caixanova.
El rol de Gayoso
Su pensión, en el punto de mira . Con la petición de documentos que ha hecho el juez -a instancias de las fiscalas-, la instrucción sitúa en un punto clave al presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia. Está imputado desde el principio como cooperador necesario, junto a los cuatro directivos que se llevaron altas compensaciones entre septiembre y octubre del 2011. Su contrato, el del año 2006, sufrió varias modificaciones, las que ha pedido el magistrado.
Comisión de retribuciones
Los nuevos imputados. La instrucción ha ampliado su foco al imputar a cuatro integrantes de la comisión de retribuciones de Novacaixagalicia, los que, a juicio de la Fiscalía, tuvieron que conocer los contratos de alta dirección de los ejecutivos Pego, García de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada. Les considera por ello «cooperadores necesarios», igual que al abogado Ricardo Pradas. Los nuevos señalados son Mauro Varela, que fue presidente de Caixa Galicia y copresidente de Novacaixagalicia; Pilar Cibrán, una economista vicesecretaria del consejo; Alfonso Zulueta de Haz, un hombre de la cultura que ocupaba además una vicepresidencia; y Salvador Fernández Moreda, también vicepresidente de la caja fusionada, como lo fue de Caixa Galicia. Ex presidente de la Diputación de A Coruña, el socialista es el primer político que aparece en el proceso. Porque, conviene recordar, ni en Caixa Galicia ni en Caixanova (y, por tanto, ni en Novacaixagalicia) eran los políticos los que mandaban. Algunas fuentes creen, no obstante, que la imputación de los miembros de esta comisión es una cuestión casi de formas: el número de imputados en este caso es muy pequeño en comparación con lo sucedido en otras cajas (hay medio centenar solo en Catalunya Caixa) y había que ampliar el foco. Ahora 5 de los 22 miembros del consejo de administración están imputados (los cuatro ejecutivos no eran consejeros). ¿Qué pasará con el resto de miembros?
Los otros directivos
A la espera. Su defensa ha ido presentando, por su lado, documentos al Juzgado, alguno de los cuales se ha rechazado. Los cuatro se repartieron unos 18 millones en blindajes, al margen de sus pensiones. Pego, Gorriarán y Estrada tienen que fichar en los juzgados cada 15 días.