La Caixa estaría dispuesta a ofrecer mil millones si accede a 4.600 de beneficios fiscales
14 dic 2013 . Actualizado a las 15:51 h.La Caixa (ahora Caixabank) está dispuesta a ofrecer 1.000 millones de euros por Novagalicia Banco (NCG) si tiene acceso a la mayor parte de los créditos fiscales generados por la entidad, que se elevan a 4.600 millones de euros, según fuentes financieras. El equipo directivo de la entidad catalana está pendiente de conocer la decisión definitiva que Bruselas adopte sobre este asunto, que sigue sobre la mesa despertando grandes polémicas.
Es la primera oferta que se va conociendo en este proceso, en el que las condiciones impuestas por el FROB reducen a la mínima expresión las posibilidades de que Novagalicia siga en solitario. Ayer por la mañana a través del data room (una plataforma tecnológica) los participantes en la privatización ratificaron lo que ya venían sospechando: los bancos españoles interesados en el proceso podrán acceder a unas bonificaciones fiscales de 4.601 millones de euros (que dejará de ingresar Hacienda), mientras que los inversores internacionales se beneficiarán de 2.341 millones, es decir, 2.260 menos.
Sin embargo lo más llamativo de las cláusulas de la subasta ha sido la orden dada por el ministro de Economía, Luis de Guindos: en la venta de la entidad no se tendrá en cuenta que un potencial comprador renuncie, en todo o en una parte, a la utilización de estos beneficios fiscales. Un condicionamiento que no se entiende porque las arcas públicas podrían dejar de ingresar 2.260 millones.
Esta condición que repercute negativamente en los contribuyentes españoles fue incluida por primera vez el 21 de noviembre, y el 28, cuando se subió al data room el contrato de compraventa, se ratificó esa postura del ministro y del FROB. Hasta entonces, en toda la documentación entregada, por escrito o verbalmente, a los inversores se daba por sentado que los créditos fiscales que se utilizasen serían valorados en el momento de la oferta. ¿Por qué un cambio que evita que un potencial comprador utilice esas bonificaciones fiscales para hacer una oferta más beneficiosa para las arcas públicas? Preguntado el Ministerio de Economía sobre su disposición a que el Estado pierda lo que en pesetas equivaldría a 376.032 millones, la respuesta fue: el FROB dará la explicación. Y desde el FROB, organismo presidido por Fernando Restoy, a su vez subgobernador del Banco de España, se explica que «todo está acorde con Bruselas y la asesoría jurídica».
¿Impugnación?
Pero ¿está Bruselas de acuerdo con esta decisión? No, aseguran los fondos internacionales que compiten en esta puja. Argumentan que desde los departamentos que dirigen los comisarios Olli Rehn y Joaquín Almunia ya han sugerido que se incluya un mecanismo que iguale las ofertas teniendo en cuenta los citados beneficios. De no ser así entienden que existirían argumentos jurídicos suficientes como para impugnar el proceso. Los fondos «prefieren pensar en positivo» y creer que se tendrá en cuenta la petición porque «es una barbaridad».
En el inicio del proceso, Bruselas ya fue preguntada sobre si los créditos fiscales podrían tenerse en cuenta en la segunda ronda, y respondió que para eso tendrían que tenerse en cuenta en la primera. El ministro optó por no tenerlos en cuenta.