El Banco Pastor, integrado en el grupo Popular, considera «injusta la interposición de la querella contra el antiguo consejo del Pastor», y advierte que, «tanto los querellados, como el propio banco, se reservan el ejercicio de cuantas acciones le correspondan en la defensa de su buen nombre, incluidas las de índole penal». «Debemos dejar a los tribunales hacer su trabajo», añadió la entidad.
Lo cierto es que esta querella, que fue presentada en el 2011 y posteriormente ampliada, fue estudiada por la Audiencia Nacional, que rechazó la primera inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña.
La Audiencia optó por inhibirse, según explican los propios abogados del querellante, porque hay un informe del Banco de España en el que no se detecta nada irregular. Después de analizar los documentos requeridos al Banco Pastor y a la CNMV, el supervisor concluyó que no había ningún tipo de irregularidad que imputar a los responsables de la entidad, ni manipulación contable en las cuentas del grupo. Consideraba el regulador que la actividad de un banco se basa también en la pirámide financiera.
Sin embargo, el despacho Frade Gobeo cree que las operaciones realizadas para ocultar la realidad de la entidad se basaba en una pirámide de captación de dinero en el mercado minorista para tapar el agujero de las sociedades inmobiliarias.
Ese mismo bufete añade que «el perjuicio que se produce a los accionistas, obligados a aceptar la operación el día que se realiza el canje [de la fusión] es determinado por los propios consejos de administración del Popular y del Pastor en el folleto registrado en la CNMV. En este se indica que los fondos propios contables del Pastor son de 1.754 millones de euros y que la inversión realizada es de 1.346 millones, «por lo que se reconoce en el mismo una pérdida del valor contable o fondos propios de 408 millones».
Como puede apreciarse, «supone una devaluación de un 23,26 % del valor contable de las acciones», concluyen.