«Solo la intervención en el mercado de la vivienda por parte de las administraciones públicas podría garantizar el derecho a la vivienda», subraya Ángel de Sancha, gerente de Viviendaprotegidasi.es, un colectivo que agrupa a los afectados por el fin de la subsidiación de los préstamos para la adquisición de pisos acogidos a algún régimen de protección, una medida que ha privado a cerca de 300.000 familias -15.000 en Galicia, según sus cálculos- sin las ayudas mensuales que recibían para abonar sus hipotecas.
Estas tenían una vigencia de entre 20 y 10 años, y tenían que ser renovadas cada cinco. Desde el 2012 se comenzaron a denegar las solicitudes de prórroga, lo que motivó la reclamación en masa de los afectados, a los que ya les han dado la razón tanto la Defensora del Pueblo como su homólogo en Galicia. El Valedor reclama a la Xunta que reconsidere todas las resoluciones que denegaban la prórroga de la subsidiación dictadas antes del 6 de junio del 2013, cuando entró en vigor la nueva ley del alquiler, que eliminaba el derecho a renovar la ayuda.
De Sancha defiende la necesidad de recuperar la «versión tradicional» de la vivienda protegida, aunque sea con «correcciones en favor del alquiler y la rehabilitación». Si no, habría colectivos, como parados de larga duración, inmigrantes y discapacitados «que quedarían desprotegidos, porque no son rentables para el sector privado».