Las entidades inyectarán 115 millones y recuperarán 1.000 de deuda
26 abr 2014 . Actualizado a las 15:52 h.El último intento para que Pescanova no entre en fase de liquidación llegará el próximo lunes al juez, en forma de anexo a la propuesta actual de convenio de acreedores, el que está ahora en fase de votación, un convenio auspiciado por Damm con nulas posibilidades de conseguir las adhesiones y salir adelante.
Ayer se produjo el acuerdo necesario entre el consejo de administración y los bancos acreedores para la redacción de un texto de complicado encaje legal en el que los siete mayores acreedores financieros de Pescanova (Sabadell, Popular, NCG, Caixabank, BBVA, UBI y Bankia) pasan a sustituir al consorcio integrado por Damm y Luxempart. Estos dos, ante el consejo, hicieron efectiva la renuncia a su propio convenio.
Hay una segunda modificación de peso: los consejeros de Pescanova finalmente han aprobado que en la propuesta que se presente al magistrado la recuperación se amplíe finalmente a 1.000 millones de deuda, frente a los 700 millones que figuraba en el documento de Damm y Luxempart. La cantidad ahora reconocida a los bancos se estructura en tres paquetes diferenciados: el primero, 400 millones de deuda de calificación sénior; el segundo, 300 millones de deuda júnior; y el tercero, otros 300 millones de deuda subordinada, cuyo cobro queda supeditado al de los dos primeros.
Carceller fuera del consejo
La reestructuración de la deuda de las filiales españolas- sin necesidad de solicitar concursos de acreedores para ellas- es otra premisa que quiere hacer valer la banca (ya lo había planteado por escrito al juez con anterioridad) en este documento. Ese texto ha recibido el visto bueno de un consejo de administración mermado, tras quedar relegado el grupo catalán, que, según avanzaron ayer fuentes financieras, perderá el puesto que ocupa actualmente José Carceller, en el organigrama de gestión de la Pescanova posconcursal.
Y esto sería así porque el plan de la banca contempla la inyección de entre 115 y 125 millones de capital, una operación que diluirá a los actuales accionistas, incluido el mayoritario, Damm, que ahora tiene el 7 %.
En este futuro escenario, Banco Sabadell, el mayor acreedor de Pescanova (226,7 millones), se convertiría en el primer accionista de la compañía tras capitalizar deuda. A continuación de la entidad que preside Josep Oliu figurarían Banco Popular, que tiene créditos pendientes por 182 millones; Caixabank, con 178 millones; NCG, con 147 millones, y BBVA, con 105 millones de euros.
La banca ha dejado ya claro que la prioridad es el mercado español y que no inyectará dinero para impedir, por ejemplo, la subasta de los activos en Chile, que ha entrado ya en su recta final. Pero tampoco para salvar los negocios de acuicultura (piscifactorías) en Centroamérica y Portugal.
Pero antes de eso, el juez, Roberto de la Cruz, tendría que admitir a trámite este anexo con correcciones a la propuesta de convenio en vigor.
Complejidad legal
Fuentes jurídicas consultadas aseguran que se trata de un procedimiento técnicamente complejo. No solo por el hecho de que se quiere modificar un documento que está en pleno proceso de adhesiones, sino porque la mayor parte de los acreedores que han votado hasta el momento, que reclaman deudas inferiores a 100.000 euros, podrían impugnar el nuevo texto si no se contemplan las mismas condiciones de recuperación del 100 % de la deuda que se les garantiza en el primer convenio.
A la espera de lo que ocurra el próximo lunes en el Juzgado Mercantil 1 de Pontevedra, la incertidumbre aumenta entre los trabajadores de Pescanova. El portavoz de CC. OO. (sindicato mayoritario en la empresa), Francisco Vilar, volvió a pedir a los agentes implicados en el concurso «sentido común y consenso» para evitar la liquidación.