La devolución parcial de la extra del 2012 no aliviará la pérdida de poder adquisitivo de un colectivo que seguirá con el sueldo congelado en el 2015
29 sep 2014 . Actualizado a las 09:01 h.Ni la corneta preelectoral ha disuadido al Gobierno de Rajoy de mantener la presión sobre los empleados públicos. Por quinto año consecutivo, el funcionariado tendrá congelada su nómina y solo recibirá la parte de la extra de diciembre del 2012 que había devengado cuando el actual Ejecutivo se la retiró. Montoro no ha cedido a las pretensiones de los sindicatos, que esperaban un gesto para frenar la fuerte pérdida de poder adquisitivo, que en Galicia supera el 30 %. Pero las concesiones del ministro en una coyuntura marcada por la llamada a las urnas y la necesidad del Gobierno de reparar parte del daño creado en un sector clave, que emplea a más de 2,5 millones de potenciales electores en España, se limitan a la devolución parcial de la paga extra de diciembre del 2012 y a reinstaurar los días de libre disposición o moscosos (que rebajó de 6 a 3 anuales). La Xunta abonaría ese reintegro entre el 2015 y el 2016. Calderilla en comparación con el calado de los recortes acumulados. Y en Galicia la perspectiva es peor, por la continuidad de las restricciones en las extras durante el 2015.
Pero a los empleados públicos no solo les han rebajado los sueldos, también les han retirado derechos laborales y han visto volar miles de empleos. Aunque el mayor ataque afecta a las retribuciones, en este capítulo los 95.000 empleados al servicio de la Xunta y de las tres universidades gallegas están resultando mucho más penalizados que los que trabajan para el Estado o para otras comunidades autónomas. El motivo de ese mayor zarpazo está en los recortes aplicados a las pagas extraordinarias. El sindicato UGT calcula en un 31,2 % el poder adquisitivo que han perdido esos 95.000 trabajadores desde que, en junio del 2010, sufrieron el primer recorte salarial. Fue el Gobierno de Zapatero el que aprobó entonces una bajada del 5 % para los más de 2,5 millones de empleados públicos del país. Si se tiene en cuenta que ese año el IPC creció un 2,9 %, el efecto real de esa merma retributiva sobre la capacidad de compra del funcionariado alcanzó el 7,9. Como las nóminas se mantuvieron congeladas en el 2011, en ese ejercicio los trabajadores del sector público perdieron otro 2,4 % de poder adquisitivo por la subida del IPC. Pero la situación todavía se complicó más en el 2012, con la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de retirar la extra de diciembre, que mermó en un 7 % de media los ingresos de los funcionarios en ese año. A ese porcentaje hay que sumar la evolución del IPC, que aumentó un 2,9 %, con lo que la pérdida de capacidad de consumo del colectivo rondó en el 2012 el 10 %. En total, esos más de 2,5 millones de trabajadores en toda España perdieron entre el 2010 y el 2012 un 20,2 % de poder adquisitivo.
Agravios en Galicia
Pero a partir de entonces se abrió la brecha para los 95.000 empleados de la Administración gallega y las universidades por el recorte en las extras aplicado por la Xunta. UGT estima que ese tijeretazo en el complemento específico de las pagas del 2013 y el 2014 elevó en 11 puntos más ese 20,2 % de pérdida de capacidad de compra acumulado entre el 2010 y el 2012. De ahí su cálculo de que la incidencia real sobre esos 95.000 trabajadores alcanza el 31,2?%, con lo que padecen un agravio frente a los otros 45.000 (del Estado, concellos y diputaciones) que cobran las extras íntegras en Galicia.
Los trabajadores tienen a la Justicia de su lado. Miles de sentencias en toda España obligan al Estado y a las comunidades a reintegrar los 44 días que los empleados (personal funcionario y estatutario, porque en el caso del personal laboral son 15 días) ya habían devengado cuando el Gobierno publicó la orden que los dejó sin la paga de navidad del 2012. En Galicia, la Xunta devolverá el equivalente al 25 % de esa paga entre el 2015 y el 2016.
La Xunta pagará más tarde: repartirá entre el 2015 y el 2016 la devolución del 25 % de la extra retirada por Rajoy
Los funcionarios tendrán congeladas sus nóminas un año más | xoán a. soler