Más cemento para el año electoral

ECONOMÍA

Oscar Vazquez

Ayuntamientos, diputaciones provinciales y Xunta disparan la licitación de obra pública antes de las municipales. El Estado recorta a la mitad su inversión en el primer trimestre

03 may 2015 . Actualizado a las 14:05 h.

Los tiempos electorales no fallan. Como sucede cada cuatro años, la convocatoria de las municipales vuelve a tirar del cemento. Los datos son engañosos, en la medida en que es el recorte inversor del Estado el que neutraliza el fervor del resto de administraciones. La licitación de obra pública en Galicia se ha recortado en el primer trimestre en 125,4 millones, un 30,3 % menos que en el mismo período del 2014. Esta caída en la inversión productiva contrasta con la tendencia que el pasado año ya elevó la licitación de obra pública en las cuatro provincias en casi 300 millones, al pasar de 426 a 723. Pero la clave preelectoral que vincula este mayor esfuerzo inversor a los procesos en los que se pide el voto a los ciudadanos está en las administraciones que concentran las subidas más notables. Los datos de la Federación Gallega de la Construcción de los tres primeros meses de este año acreditan un significativo aumento de la inversión productiva por parte de los ayuntamientos y diputaciones.

Los concellos licitaron obras entre enero y marzo por importe de 41,5 millones, un 73,5 % más que en el primer trimestre del 2014 (23,94 millones). Por su parte, las diputaciones duplicaron de largo el valor de las actuaciones comprometidas, que alcanzó los 26,17 millones frente a los apenas 11 del año pasado. También la Xunta refuerza su apuesta por la obra pública, aunque es la administración con menor volumen licitador. En el primer trimestre comprometió 22,5 millones, lo que representa casi un 58 % más que en el 2014 (14,2), pero que sitúan a la Administración autonómica como la que menos aporta.

Efervescencia licitadora

Aunque el impacto global de esta efervescencia licitadora en el arranque del año electoral queda neutralizada por la caída de la inversión de la Administración con mayor capacidad, la del Estado. Entre enero y marzo, la obra pública comprometida en Galicia por el Gobierno central y sus organismos autónomos quedó reducida a la mitad en relación a las cifras del 2014. Entonces, licitó proyectos de infraestructuras por 356,73 millones. Ahora, esa inversión productiva ha bajado hasta 170,53. Los picos que se observan en los últimos años en la obra pública promovida por el Estado en esta comunidad se explican, principalmente, por el avance en las obras del ferrocarril de alta velocidad. Esta infraestructura ha sido el principal motor de la inversión en Galicia. Pero, a medida que se van completando nuevos tramos del trazado del AVE, el gasto de Fomento pierde fuelle. Pese a todo, la ejecución de los proyectos en la línea Olmedo-Santiago, a su paso por la provincia de Ourense, infló la inversión del Estado en Galicia en el 2014. El desembolso asociado a esa infraestructura ascendió a 426 millones de los 723 invertidos por todas las administraciones públicas en esta comunidad.

Pero la ralentización de las obras en el arranque de este año, con parones en los tramos más complejos que el gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF achacó a diferencias con las empresas por modificados en los proyectos, coincide con ese notable retroceso de la licitación estatal en el primer trimestre.

Con las elecciones municipales a la vista, la parte más jugosa del informe de la patronal de la construcción está en la actividad licitadora de los grandes ayuntamientos gallegos. Los únicos que han movilizado menos inversión productiva que en los tres primeros meses del 2014 son los de Ourense y Pontevedra. En las otras cinco ciudades, la apuesta por el cemento queda fuera de toda duda. Salvo en el caso de Ferrol, donde el importe de la obra pública licitada entre enero y marzo apenas sube un 2,9 % respecto al año pasado, los incrementos son elocuentes. En cabeza se sitúa Santiago, que multiplicó por cuatro su inversión en infraestructuras (de 205.000 euros a 1,11 millones). Lugo la duplicó. Es, de hecho, la ciudad que más presupuesto ha comprometido en obra pública en este inicio de un año con doble cita electoral, con actuaciones por 5 millones, cuando el año pasado destinó en el primer trimestre 2,44.

También contrasta la gran diferencia en la actividad licitadora de las dos principales ciudades gallegas. A Coruña es la segunda que ha comprometido más inversión productiva en el primer trimestre, con proyectos que suman 3,4 millones de euros, un 63,7 % más que el año pasado. Vigo, la urbe más poblada de Galicia, fue la cuarta en licitación de infraestructuras en ese período. A pesar de que incrementó la inversión un 48 %, el importe de esas actuaciones es de 473.532 euros.

Por lo que toca a las diputaciones, solo la de Pontevedra rebaja sus compromisos respecto al 2014. Destacan los espectaculares incrementos de licitación de los organismos provinciales ourensano (de 356.054 euros en el 2014 pasa a 1,38 millones este año) y, sobre todo, coruñés. La Diputación de A Coruña licitó obra pública en la provincia por 15,8 millones entre enero y marzo (759.638 en el 2014), solo 7 menos que la Xunta en toda Galicia.

Mitad de contratos, opacos

Esta ligera recuperación supone un nuevo paso en la línea marcada en el 2014, pero está lejos todavía de representar siquiera algo parecido a una recuperación del sector de la obra pública. Los 723 millones que suma la licitación del conjunto de las administraciones en Galicia durante el año pasado quedan muy lejos del escenario anterior a la crisis, con un volumen de inversión que en el 2008 superó con holgura los 3.000 millones. Los recortes también afloran ahí, y el sector paga las consecuencias. Aunque la coyuntura electoral del presente ejercicio garantiza un esfuerzo en la inversión que crea empleo, está por ver en qué medida esta línea ascendente podrá consolidarse.

Un indicador que preocupa a las empresas es la dinámica del incremento de las contrataciones por procedimiento negociado, que en el pasado ejercicio representaron el 53 % del total. Esta modalidad, aunque está regulada, permite tramitar las contrataciones con mayor rapidez, pero en cambio restringe la concurrencia de empresas y también la transparencia del proceso.