Nueve comunidades votan en contra de la propuesta del ministro, Castilla y León se abstiene y solo seis gobernadas por el Partido Popular la apoyan
09 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El nuevo mapa autonómico, que deja en minoría al PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no ha sido suficiente para tumbar la propuesta de déficit público del Gobierno que deberán cumplir las comunidades para bajar el déficit al 0,7% en el 2015, al 0,3% en el 2016, 0,1% en el 2017 y al cero en el 2018. Montoro salvó la bola de set con cierta holgura, por el apoyo de las seis comunidades gobernadas por el PP - Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja, además de Ceuta y Melilla, mientras Castilla y León se abstuvo- y gracias a que la posición del Gobierno supone el 50 % del voto total. A pesar de ello, nueve comunidades dijeron no a la propuesta de Hacienda, un rechazo que solo se quedó en papel mojado.
El Gobierno frenó la rebelión de las comunidades (Cataluña, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Baleares) que pedían un poco más de margen porque no entienden que se les exija un 0,3 % el próximo año, mientras que la Administración central podrá tener un déficit del 2,2 %. Incluso la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, del PP, calificó de «exigente» el objetivo de déficit del 2016, antes de abstenerse en la votación, después de que el ministro se negase a elevar dos décimas el tope establecido. Eso sí, antes de prometer que habrá más anticipos a cuenta que darán margen a las autonomías.
El ministro relativizó el resultado de la votación y aseguró que «lo importante es que todos están comprometidos con la estabilidad presupuestaria». En todo caso, advirtió que «el Gobierno aplicará con todo rigor la ley».
Montoro recordó que el control presupuestario fue el origen de la recuperación y replicó a los nuevos gobiernos que deben continuar con el esfuerzo de ajuste tras la mejora de los últimos años.
Las voces críticas
El consejero de Hacienda de Aragón, Fernando Gimeno, ponía voz a las críticas de las nueve autonomías, siete socialistas, además de Cataluña y Canarias, contrarias a la propuesta de Montoro. Gimeno justificó su voto en contra por ser las comunidades las que prestan los servicios más esenciales para los ciudadanos, y no se les puede pedir un esfuerzo adicional «del nivel que se les está exigiendo».
Su homólogo de Cataluña, Andreu Mas-Colell, matizó que son unos objetivos «irreales e ilegales» dado que son las autonomías las que hacen un mayor gasto al prestar los servicios básicos a los ciudadanos. «El objetivo de déficit planteado es ilegal al no ser acorde con la ley de estabilidad presupuestaria», según Mas-Colell.