Lo que Volkswagen ha reconocido haber hecho es la utilización de un doble reglaje de los parámetros del vehículo a través de un trucaje informático. Este hace posible que se cumpla con el nivel de emisiones en parado. Pero, una vez en circulación, el primer reglaje se desactiva para dejar paso al segundo, que permite consumir en los términos ofertados por la marca, y llegar a la potencia prometida, a costa, claro, de emisiones de gases por encima de los niveles permitidos en la Unión Europea.
Descubierto el fraude, la marca propone «reparar» los vehículos mediante la desactivación del segundo reglaje, a fin de que el coche solo disponga del que le permite cumplir con las emisiones, a costa, esta vez, de aumentar el consumo y reducir el par motor (potencia). Esto es, a costa de reducir las prestaciones. De esta manera, lo que los clientes han adquirido es un vehículo con unas prestaciones que a la postre se van a ver reducidas de manera sustancial. Se habría pagado por un coche de calidad superior a la real, y que no está homologado con arreglo a las normas de la Unión Europea, por lo que no podría circular por la vía pública.
En el Reglamento General de Vehículos se establece la obligatoriedad de disponer de homologación con arreglo a ley y permiso de circulación, bajo las prescripciones técnicas autorizadas. A nuestro juicio si existe una homologación fraudulenta la misma debe ser anulada por la Administración pública y por tanto los vehículos no serían aptos administrativamente para circular.