Los altos directivos de la caja fusionada cobraron cuando cesaron en sus puestos un total de 29,97 millones de euros. La Audiencia les sentenció por administración desleal
16 ene 2017 . Actualizado a las 19:26 h.La Audiencia Nacional condenó en octubre del 2015 a cinco altos directivos de la antigua Novacaixagalicia. La justicia entendió que los ejecutivos incurrieron en un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal cuando cobraron casi 30 millones de euros después de cesar de sus cargos. Un año después, el Supremo confirmó las planas. Ahora, la Audiencia Nacional ha emitido una orden de ingreso en prisión contra los mismos directivos, que deberán cumplir dos años de cárcel. Estos son los cinco exmandatarios de la caja fusionada gallega:
José Luis Pego
Pego entró en 1985 en Caixanova y pasó por varios puestos de responsabilidad hasta que fue nombrado director general en junio del 2006, sustituyendo a Julio Fernández Gayoso. Los jueces consideraron que su conducta -como la de Gorriarán y Estrada- «rompió el vínculo de lealtad que le unía» con la sociedad como administrador, causando un «perjuicio patrimonial» en «beneficio propio». Fue condenado a devolver 6.476.237 millones de euros.
Gregorio Gorriarán
Gorriarán fue el encargado del área comercial y de empresas de Caixanova y el responsable de la fusión de las cajas gallegas. Durante nueve meses estuvo al frente la división inmobiliaria de la caja fusionada, entidad que abandonó el 13 de septiembre del 2011. Posteriormente trató de relanzar su negocio inmobiliario y registró la sociedad limitada Valle Rojo Inversiones. Fue condenado a devolver 3.969.349 millones de la indemnización cobrada.
Óscar Rodríguez Estrada
Ahora con 68 años, fue el responsable de la integración de Caixanova (entidad de la que provenía) con Caixagalicia. Se le condenó a dos años de prisión por apropiación indebida, pero fue declarado exento de devolver cantidad alguna de las indemnizaciones tras salir de la entidad, ya que desistió de su contrato en la caja fusionada y se retiró. La Audiencia Nacional le considera responsable subsidiario. El plan de pensiones de Rodríguez Estrada ascendía a 8.172.180 euros, que se suman a otros 691.230 percibidos como indemnización.
Julio Fernández Gayoso
Era el presidente de la caja fusionada. La sentencia dice que «urdió» el plan que posibilitó el cobro de indemnizaciones indebidas por parte de los directivos condenados. «Su colaboración fue más allá de una mera complicidad», señala la sala, que entiende que Gayoso «aceleró todo lo que pudo» la aprobación de los nuevos contratos, alegando que los conocía el Banco de España, sin que así fuera hasta «casi un año después». A Julio Fernández Gayoso no se le he reclamado ninguna devolución ya que su implicación en el caso es como «cooperador necesario». Fue declarado responsable civil subsidiario.
Ricardo Pradas
Este abogado externo, de 59 años, también está condenado como «colaborador necesario» para la comisión del delito de apropiación indebida. El tribunal considera que Pradas, asesor jurídico vinculado a Gayoso desde la etapa de Caixanova, «urdió» con él el plan para mejorar los contratos. Los magistrados ven «dolo» en su actitud, ya que «asesoró a los órganos de la sociedad que debían refrendar los contratos, de una manera que a juicio del tribunal excede del mero error formal, al obviar las normas legales aplicables íntegramente a los mismos». Las retribuciones -al ser una entidad rescatada- debían someterse a unos límites que Pradas negó. Ha sido declarado responsable civil subsidiario pero tampoco tendrá que devolver cantidad alguna.