Hacienda aclara que el IVA del turno de oficio lo pagará la Administración
ECONOMÍA
En el caso de la Xunta, que este año ha reservado una partida de 11 millones para sufragar el turno de oficio, la aplicación del IVA supondrá un sobrecoste de dos millones
17 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Ante el revuelo generado por la decisión de Hacienda de aplicar el IVA al servicio de asistencia jurídica gratuita (el denominado turno de oficio), la Agencia Tributaria aclaró ayer que será la Administración la que corra con el pago de ese impuesto. En concreto, el fisco explica que aunque abogados y procuradores tendrán que repercutir el gravamen en la factura que giren al beneficiario de la asistencia jurídica, eso «no obsta para que la Administración pública competente asuma todos los gastos derivados de la prestación de este servicio, incluido el IVA».
Es decir, que serán el Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas (como Galicia) las que tendrán que abonar el impuesto. En el caso de la Xunta, que este año ha reservado una partida de 11 millones para sufragar el turno de oficio, la aplicación del IVA supondrá un sobrecoste de dos millones.
Pese a la aclaración, los abogados siguen presionando para que no se aplique el impuesto, que Hacienda introdujo en aplicación de una sentencia europea. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, insistió ayer en que la decisión del Gobierno de repercutir el IVA se basa «en una sentencia que solo afecta a un caso concreto de Bélgica», país donde el turno de oficio, recalcó, no es obligatorio por ley, al contrario que en España. «Por ello no existe la sujeción a este impuesto», explicó.
Por su parte, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno ha convocado un encierro el 10 de marzo, dentro de una campaña de movilizaciones para evitar que el impuesto llegue a aplicarse. Entre las medidas de presión, no descartan promover entre los letrados la renuncia a las guardias del turno de oficio, la baja temporal del servicio e incluso la suspensión del mismo si alcanzan un acuerdo con los colegios de abogados de toda España.