Accionistas minoritarios del Popular denuncian la gestión de Saracho y su equipo ante Fiscalía Anticorrupción
ECONOMÍA
La agrupación reclama una investigación tras la quiebra de la entidad, que contaba con el respaldo de organismos oficiales
08 jun 2017 . Actualizado a las 21:19 h.Accionistas minoritarios del Popular, agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, han presentado este jueves ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional una demanda contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que figuran su expresidente Emilio Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle.
Según ha confirmado el presidente del despacho y secretario general de Aemec, Javier Cremades, en rueda de prensa, «esta misma mañana» han constituido la agrupación de accionistas minoritarios del Popular, conformada por 385 accionistas, lo que supone el 3,5 % del capital social del banco. «Estamos delante de un grave accidente del capitalismo en España. No es un proceso de expropiación, sino de incautación», subrayó.
La denuncia plantea dos líneas de investigación. Por un lado, la agrupación pide que se estudie si ha habido o no una «manipulación del precio de la acción» y, por otro, que analicen la administración que han llevado los gestores en los últimos meses. «Han generado (los administradores) una auténtica manipulación para alterar el precio de la acción y creemos que ha sido una administración temeraria, sobre todo, desde la última junta general», apuntó Cremades.
«Al derecho de Aemec interesa contra el mercado y los consumidores en su modalidad de uso de información relevante para la cotización de valores en mercados organizados por parte de aquellos que han tenido partipación significativa en la gestión de la entidad financiera o un posible delito de administración desleal, y que ha podido generar el supuesto y que ha determinado como remate final la absoluta pérdida del valor de las acciones perjudicando severamente a los accionistas», recoge la denuncia.
De este modo, Cremades señaló que han generado «pánico» entre la propia clientela, que ha ido retirando de manera «intensa» sus depósitos, propiciando la falta de liquidez del banco. «Estamos convencidos de que la Justicia va a acabar poniendo un precio a la confiscación de estas acciones. No se puede de un día para otro borrar un banco sistémico de la Unión Europea, que tenía más de 300.000 propietarios», indicó.
«Lo cuestionaremos todo»
Asimismo, el despacho ha resaltado que lo cuestionarán «todo» pese a que autoridades que han participado en la compra de la entidad por parte del Santander hayan defendido la legalidad del proceso.
«El ministro de Economía (Luis de Guindos), el presidente del Banco Central Europeo (Mario Draghi) o el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Sebastián Albella) han ofrecido la compra como una solución positiva para los contribuyentes, pero hay 300.000 accionistas que tienen que ser recompensados», resaltó.
En la misma línea, Cremades expresó que le resulta «muy llamativa» la decisión de Emilio Saracho de designar a JP Morgan, «entidad bancaria de la que provenía», para «realizar una operación ya contratada». «Queremos saber qué ha pasado. Las acusaciones no van dirigidas contra el Santander. Le han dando un banco vacío de contenido patrimonial y queremos saber quién lo ha destruido. Estos son los que tienen que pagar», subrayó.
Según la querella presentada por la agrupación, que seguirá las vías civil, penal y mercantil, los gestores del banco tenían un plan «perfectamente urdido», «destinado a la entrada en el capital social del Banco Popular y en su consejo de administración para depreciar maliciosamente y a su favor la cotización de las acciones mediante el filtrado de información».
«Se pretendía crear una situación insostenible que ha conducido a la destitución del que fuera presidente del consejo, y nombramiento del posterior, y que ha concluido con su venta al Santander por decisión de la Junta Única de resolución del Banco Central Europeo, ejecutada por el acuerdo del FROB -primera vez que sucede-», añade el documento.
No es una denuncia personal contra del Valle
Por otro lado, en alusión al inversor mexicano Antonio del Valle, consejero dominical del Popular hasta el 28 de septiembre del 2016, siendo sustituido por su primo y presidente del consejo de administración de Grupo Financiero, Jaime Ruiz Sacristán, la denuncia detalla que ambos podrían haber actuado «a la espalda de la CNMV en defensa de sus intereses propios y en detrimento de los propios del banco hasta el momento de la intervención de este miércoles.
No obstante, Javier Cremades quiso dejar claro que no tienen información sobre la participación del grupo mexicano de Del Valle y que la denuncia una acusación particular contra el inversor, sino una denuncia para que la Fiscalía investigue. »Todos los nombres están a debate, no sabemos si son culpables o no«, declaró.
«La caída ha sido provocada po runa decisión administrativa»
El socio del despacho de abogados y catedrático en derecho mercantil, Ángel Fernández, por su parte, se mostró extrañado ante las «posiciones bajistas» que mostraba el valor de la acción de Popular mientras sus homólogos, «e incluso cualquier compañía española», estaban «estabilizados».
«La caída a cero no la ha dado el mercado, la ha dado una decisión administrativa que es nueva para nosotros y para toda Europa. No tener liquidez no significa que el banco no tenga valor patrimonial. Esperemos que la Justicia y la CNMV tomen cartas en el asunto y tengamos una solución a todo lo que ha sucedido en este último tiempo», añadió.
Ignacio Aragón, también socio de Cremades & Calvo Sotelo y profesor de derecho mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, coincidió con sus compañeros en que el Popular ha sufrido una gestión «temeraria» y ha llevado una estrategia «errática». «Ha lanzado mensajes al mercado que no eran los adecuados y todo esto ha conducido a cierto pánico a los clientes del banco, que se han llevado los depósitos. La falta de liquidez ha sido consecuencia de una mala gestión», insistió.
«Tenemos la impresión de que los reguladores bancarios son criaturas nocturnas, que intervienen en la sombra sin la información suficiente para poder hacerlo. Han salvado a 'zombies' bancarios que eran manifiestamente insolventes, como fue el caso Bankia, y ahora, por contra, han intervenido y liquidado el banco español más solvente que hubo en el panorama bancario durante muchos años», declaró Alberto Ruiz, socio del bufete.
Además, para Ruiz la operación de compra por parte de la entidad presidida por Ana Botín ha supuesto una «liquidación indirecta» que no sabe cómo terminará. «No sabemos si se terminará con la absorción de un banco que en el último año ha pasado todos los test de estrés, incluso con nota, y que en los últimos meses ha visto como su cotización bursátil caía, literalmente, a plomo», recalcó.
Por último, manifestó que la «supuesta subasta» de Popular ha sido respaldada «por unos informes que contradecían a los que manejaban las potenciales entidades interesadas».
«Jamás pensamos que el banco quebraría»
En el lado de los accionistas minoritarios, Julio Delpie, poseedor de 160.000 títulos del Popular, afirmó que se han sentido «engañados» y que no se explican desde la plataforma de afectados cómo el banco ha pasado de ser uno de los «más rentables del mundo» a estar «quebrado», mientras aseguró que no han recibido ninguna notificación por parte del Santander.
Otro accionista minoritario, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, afirmó que «jamás» pensaban que la entidad podría caer en bancarrota tras superar los test de estrés del BCE y con el ministro de Economía asegurando que era «solvente». «Sabíamos que había riesgo, pero en ningún momento pensábamos que pasaría esto», concluyó.