El juez le exige una fianza de 65 millones de euros en el plazo de un día
02 jun 2021 . Actualizado a las 18:24 h.El exministro de Economía Rodrigo Rato volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto origen «ilícito» de su patrimonio. El también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) deberá prestar, además, una fianza de más de 65 millones de euros con el fin de «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerse en sentencia. En caso de no hacerlo, «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada», según el auto de apertura de juicio oral.
El juez instructor de Madrid Antonio Serrano-Arnal ha rechazado, sin embargo, que Rato, de 72 años, sea juzgado por los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible al considerar que no se han probado estas conductas en fase de instrucción. En esta resolución, contra la que no cabe recurso y que tiene fecha de 1 de junio, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras 15 personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.
Según el resultado de la investigación, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades, con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo o Reino Unido. Los investigadores han identificado incrementos no justificados en el patrimonio del exministro del Gobierno de Aznar entre los años 2005 y 2015 (cuando ya era responsable del FMI) por un importe total de 15.633.056 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121 euros en esos ejercicios tributarios.
Corrección del fiscal
La Fiscalía Anticorrupción había pedido inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía entre 1996 y 2004 por defraudar más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público había acusado a Rato de 11 delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.
Sin embargo, el juez ha retirado ahora estos dos últimos delitos por falta de indicios, por lo que Anticorrupción deberá modificar su informe de acusación provisional. Así lo ha expuesto el juez en su auto de apertura de juicio oral. «Se trata, por tanto, de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados», apunta.
Serrano-Arnal ha notificado su decisión a todos los acusados, requiriéndoles que designen abogado en el plazo de tres días o les designará un letrado de oficio, y les da veinte días más para presentar escrito de defensa proponiendo «las pruebas de que intenten valerse». «Dada la naturaleza de la pena solicitada», el magistrado ha citado a todos los acusados el 11 de junio ante la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Madrid para que le sean entregados personalmente los requerimientos judiciales.
La Fiscalía menciona como especialmente relevante la participación en tal operativa de Santiago Alarcó, excuñado de Rato, que habría manejado sus cuentas en el extranjero y gestionado las estructuras societarias.
También del asesor fiscal Domingo Plazas, como administrador de la empresa española Kradonara, filial de la británica Vivaway, quien habría organizado la repatriación del dinero blanqueado a través del trust gibraltareño Finsbury.
El Ministerio Público ha detectado hasta ocho mecanismos de blanqueo de capitales de los que se habría beneficiado el exvicepresidente del Gobierno, entre ellos el llamado «crédito lombardo», que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores.