La Justicia zanja la quiebra de Pescanova con 238 millones en indemnizaciones
ECONOMÍA
La ejecución de la sentencia impone al expresidente y a la vieja pesquera el abono de la responsabilidad civil a los accionistas que perdieron su dinero
15 oct 2023 . Actualizado a las 13:53 h.El viacrucis judicial que desde el 2013 padecen los inversores —tanto grandes como pequeños— de Pescanova, tras destaparse la quiebra de la multinacional pesquera, ha llegado a su fin. La Audiencia Nacional ha dictado el decreto de ejecución de la sentencia por la que se condenó al expresidente de la firma, Manuel Fernández de Sousa, a seis años de prisión como principal responsable de los delitos que hundieron a la compañía, refundada después como Nueva Pescanova S.L., tras un largo y complejísimo procedimiento concursal. La ejecutoria del fallo era el último paso para que los inversores afectados, que vieron esfumarse su dinero, reciban las indemnizaciones acordadas por la Justicia y que, según la aplicación de la sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo, suman prácticamente 240 millones de euros.
En las 66 páginas del decreto de ejecución, fechado el pasado 1 de septiembre pero conocido esta semana, se actualizan las condenas y las absoluciones de la veintena de exdirectivos y exejecutivos, así como exconsejeros, auditores o familiares del expresidente —como su esposa o su hijo— que se sentaron en el banquillo por la que fue una de las quiebras más cuantiosas de la historia empresarial del país. No en vano la deuda financiera oculta del holding gallego ascendía a 4.200 millones de euros.
Casi 300 afectados
Fernández de Sousa, que entró en prisión el pasado abril, y la vieja Pescanova son quienes deben asumir solidariamente los 238 millones de euros que suman las indemnizaciones a los 277 afectados que recoge el texto legal, con el fondo belga Luxempart (acusación particular en el proceso) o las sociedades Delta y Disa, ambas propiedad de la familia Carceller (dueña de Damm), como principales acreedores, con pérdidas en ambos casos en el entorno de los 50 millones de euros.
Le siguen en el listado Silicon Metals Holding (23,3 millones), Bankia (ahora CaixaBank, con 20), la italiana UBI Banca (con casi 19 millones) o Golden Limit, ya a distancia, con 5,5 millones. Completan la relación de casi 280 acreedores un goteo de pequeños inversores, con sus cantidades debidamente actualizadas.
Sin embargo, a pesar de que la ejecutoria de la sentencia del Supremo deja claro que las pérdidas deben ser reparadas y quienes tienen que hacerlo, en la práctica se complica que los afectados finalmente cobren en su totalidad.
Sousa, insolvente
Y es que Fernández de Sousa, quien hasta el 2013 fuera todopoderoso presidente de Pescanova, no parece disponer de bienes con los que cubrir los 125 millones que el Supremo le impuso como indemnización civil en la sentencia del pasado invierno, la misma que rebajó de ocho a seis los años de prisión a los que le condenó la Audiencia Nacional.
Hasta el momento, solo se le han retenido 4,6 millones de euros que intentó ocultar en un banco chino, desviándolos desde Portugal cuando ya estaba procesado, operación de la que alertó el propio banco portugués emisor y que fue paralizada. El resto de bienes que figuran a su nombre —como una finca en la localidad madrileña de El Escorial o un par de coches— apenas suman para pagar a los afectados, mientras que otros bienes que se suponían de su propiedad están a nombre de su esposa, que finalmente ha resultado absuelta en el procedimiento.
Ante las reales o simuladas telarañas financieras de Fernández de Sousa —la Audiencia Nacional realizará una nueva «averiguación patrimonial» para asegurarse—, el grueso de la reparación a los inversores recaerá sobre la vieja Pescanova. Sin embargo, la situación económica de la antigua multinacional no es mucho mejor. Ahora vaciada de activos y residual en el accionariado de la nueva compañía, que está en manos de Abanca (la entidad financiera posee el 97,8 %), Pescanova S.A. apenas tiene el 0,34 % del capital y de sus resultados se nutre.
De este modo, no parece que ninguno de los dos principales condenados en el caso —Fernández de Sousa como persona física y Pescanova S.A. como persona jurídica— tengan recursos para afrontar los pagos impuestos en la ejecución.
El convenio de acreedores deriva el pago a Nueva Pescanova, pero quedará reducido a seis millones y se demorará años
Para entender la complejidad del proceso, y resolver las dudas en torno a quién debe pagar y cuánto por este fraude, es preciso recordar el procedimiento concursal que logró salvar de la quiebra al alma máter de Rodolfo Langostino. A través del mismo, la gran banca acreedora cambió deuda por acciones y refundó la compañía que hoy es Nueva Pescanova S.L., en la que la antigua matriz (Pescanova S.A. o vieja Pescanova) y sus inversores quedaron reducidos al 20 % dentro del nuevo grupo. Tras las sucesivas ampliaciones de capital realizadas por los bancos, la vieja empresa cotizada acabó diluida hasta significar apenas el 0,34 % del capital de la nueva sociedad, del que actualmente Abanca posee el 97,8 %, tras capitalizar el pasado julio créditos por valor de 542 millones de euros.
Desde Nueva Pescanova se ponen de perfil sobre el abono de indemnizaciones. «No contemplamos esa opción, la de pagar por actos delictivos que se cometieron antes de la creación de la compañía y por directivos que no tienen que ver con nosotros», argumentan, devolviendo la patata caliente a la vieja Pescanova.
Fuentes de la antigua matriz, sin embargo, corrigen a la nueva empresa, señalando que con el convenio de acreedores esta pasó a asumir todos los activos de la pesquera, pero también el lastre de este procedimiento.
En una cuestión sí que están ambas de acuerdo: las indemnizaciones no frisarán los 240 millones de euros, ya que estarían sujetas a la misma quita (del 97,5 %) que se aplicó con carácter general a todos los acreedores en el concurso. De ese modo, la cuantía quedaría rebajada a apenas seis millones de euros y su abono se demoraría hasta el 2044, que es la fecha en la que expira el plan de pagos aprobado. Aunque Nueva Pescanova ya tiene provisionado en sus cuentas parte del dinero, oficialmente insiste en que no contempla asumir el pago, lo que abre la puerta a otra pelea legal. De momento, la ejecutoria da 20 días a los condenados para pagar o iniciar contactos con los acreedores.