Entre los proyectos afectados se encuentra el de Meirama de Naturgy, que tenía previsto abastecer a la red general
08 abr 2024 . Actualizado a las 19:59 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado la paralización de otros siete parques eólicos (van 27) que habían recibido la autorización administrativa de la Xunta para desplegarse en el territorio y lo ha hecho asiéndose al «principio de precaución» que exige la legislación comunitaria cuando un proyecto empresarial puede provocar un impacto ambiental irreversible.
Según el comunicado remitido este viernes, entre los parques afectados por las medidas cautelares decretadas se encuentra el de Meirama, considerado de «utilidad pública». El proyecto, para el que Naturgy solicitó autorización el 21 de junio del 2018, ya había sufrido cambios respecto a su plan inicial y, según consta en el Diario Oficial de Galicia (DOG), había conseguido el aval de la Xunta el 18 de abril del 2023 para desplegar 10 aerogeneradores con una potencia instalada total de 44,5 megavatios (MW) en los municipios de Carral, Cerceda y Ordes. El proyecto, presupuestado en 44,5 millones de euros, tenía previsto abastecer de energía renovable a la red general. En sus inmediaciones está prevista la construcción de la planta de hidrógeno verde que Naturgy, Repsol y Reganosa promueven en los antiguos terrenos de la central térmica -y a la que se le ha asignado una ayuda europea de 15 millones de euros-. La fabricación de este combustible se suministraría en última instancia a la refinería de Repsol en A Coruña, para reducir su huella de carbono en el refinado. Según fuentes de la compañía, la paralización no afectaría al futuro de la planta: «Los esquemas de suministro eléctrico están abiertos, trabajamos con previsión de esquemas complementarios, conectando la planta a proyectos eólicos y otras renovables», señalan.
También Rodicio II, parque de 10,4 MW proyectado en Maceda y Montederramo (Ourense), ha sido paralizado, dejando en suspenso la inversión de 8 millones de euros que había reservado la compañía Greenalia para el despliegue de aerogeneradores.
A este se le suma Alto de Mouro, de 21 MW. La promotora del mismo nombre ya contaba con la autorización formal de la Xunta para desplegar el parque entre A Cañiza y Covelo (Pontevedra), con un coste que asciende a 16,1 millones de euros.
El parque Monte da Croa, proyectado en los ayuntamientos de Dumbría y Vimianzo, ha sufrido la misma suerte. El tribunal ha impuesto cautelares, impidiendo a Cartera Vimira 24 S.L. desplegar los aerogeneradores que tenían previsto sumar 27 MW más de potencia a la red. La iniciativa contaba con un presupuesto de 27,7 millones de euros.
Al parque eólico Gato, de Greenalia, le ha pasado lo mismo. Asiéndose al principio de cautela, los magistrados han decretado la suspensión de la autorización administrativa para levantar molinos en Aranga, Coirós y Oza-Cesuras (A Coruña). El proyecto suma 25,2 MW y cuenta con una inversión estimada de 20,5 millones de euros.
Hay que sumar a la lista de caídos (temporalmente) al parque Cunca, que Green Capital Power quiere desplegar en Vila de Cruces (Pontevedra), añadiendo otros 22,5 MW de potencia eólica instalada. El coste estimado del proyecto asciende a 20,6 millones de euros.
Cierra la lista el parque Serra do Farelo. La promotora, de idéntico nombre, había recibido la autorización del Ejecutivo autonómico para instalar aerogeneradores en Agolada (Pontevedra) y Antas de Ulla (Lugo). El presupuesto del proyecto alcanza los 12,1 millones de euros y la potencia instalada los 18 MW.
En su conjunto, los jueces han decretado la paralización de siete parques con un volumen de inversiones que asciende a 122 millones de euros. No obstante, el sector eólico afronta problemas mayores porque con anterioridad, este mismo tribunal ordenó revocar la autorización a otros 20 parques (Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande.
Luz verde al parque eólico de Uxo, en Avión
En el comunicado remitido este viernes, el TSXG anuncia también que solo ha dado luz verde a la construcción del parque eólico Uxo en el municipio ourensano de Avión, donde veranean grandes fortunas. Naturgy tiene previsto invertir 25 millones de euros en el despliegue de aerogeneradores, sumando una potencia instalada de 21 MW.
El TSXG también rechazó previamente la pretensión de terceros de paralizar los parques de Vilartoxo, de Green Capital Power en A Baña y Val do Dubra (A Coruña), y Neboada, ubicado en A Rúa, A Pobra de Trives, San Xoán de Río y Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y de Quiroga y Ribas de Sil (Lugo), promovido por Maia Directorship, S.L.
La sección tercera, responsable de los autos, es un tribunal presidido por Francisco Javier Cambón y del que forman parte -entre otros- Luis Villares, quien fue candidato a la Xunta por En Marea y luego se reincorporó a la carrera judicial. Esta sección ha sido noticia en los últimos meses por un goteo de sentencias adversas para el sector eólico.
«Agardamos que o Tribunal Supremo volva dar a razón á Xunta»
Fuentes de la Consellería de Economía aseguran que la Xunta «respeta» las decisiones judiciales, «aínda que non as comparta». El Ejecutivo de Rueda defiende que los siete proyectos tuvieron «a máis garantista» de todas las evaluaciones ambientales ordinarias y por ello cuentan con una declaración de impacto ambiental favorable. Es por ello que confían en que la Justicia acabe avalando su trabajo: «Agardamos que o Tribunal Supremo volva dar a razón á Xunta como xa fixo en decembro pasado», señalan. En esas fechas, los magistrados ordenaron levantar las cautelares decretadas por el TSXG al parque eólico de EDP en Corme, alegando que ni la legislación europea ni la nacional exigen de forma expresa que el trámite de consultas a las autoridades se efectúe antes de la información pública. Al haber sido ese el criterio mayoritario utilizado en las suspensiones, los jueces gallegos decidieron asirse a otro argumento: el principio de precaución medioambiental. También elevaron a la Justicia europea la cuestión en liza para pedir que se pronuncie sobre si la normativa gallega y la española cumplen con la legislación de la UE, pudiendo retrasar los proyectos un año y medio más y poniendo en cuestión las autorizaciones de otros muchos proyectos industriales.
Desde la Asociación Eólica de Galicia señalan que las decisiones del TSXG ya no les sorprenden, pero sí les llenan de «perplejidad». «El consumo eléctrico en Galicia ha caído un 36 % en los últimos cuatro años, un dato revelador del empobrecimiento industrial al que estamos sometidos», remarcan.